• Su director, Fernando Flores y Pérez se reunió con legisladores de comisiones unidas

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fernando Flores y Pérez, advirtió ante diputados que en el futuro la institución carecerá de certidumbre, tendrá graves costos y desequilibrios si no se atiende el déficit financiero del seguro de enfermedades y maternidad, los gastos médicos de pensionados por el incremento en la esperanza de vida.

Durante una reunión con las comisiones unidas de Seguridad Social, Salud y de Trabajo y Previsión Social, el funcionario dijo que no es posible concebir un mejor futuro para México sin incluir el fortalecimiento, salud y viabilidad financiera del Seguro Social.

Aseguró que el gasto en la atención a la salud presiona fuertemente las finanzas del instituto, en especial de los pensionados, cuyo costo se ubica por arriba de la inflación.

Precisó que el aumento en la esperanza de vida de los pensionados, que en el pasado fue un logro, hoy es fuente de riesgo, ya que en la actualidad un asegurado que se pensiona sobrevive, en promedio, 20 años a su retiro, a diferencia de 1943, cuando las expectativas eran de seis.

A ello se agrega el hecho de que además de vivir más tiempo, las personas de edad avanzada presentan padecimientos crónico-degenerativos cuya atención es sumamente costosa y el número de pensionados en relación con los trabajadores en activo es mayor, lo que hace que las condiciones existentes para el régimen de jubilados ya no sean sostenibles, indicó.

Flores y Pérez destacó que del 2000 al 2005, el IMSS tuvo avances importantes en reservas financieras, programas de atención preventiva de salud, abasto de medicamentos y mayor cobertura de guarderías, no obstante, dijo, se requieren reformas para contar con recursos excedentes de otros ramos de aseguramiento y que se cubran las necesidades más apremiantes sin incrementar los costos de la seguridad social.

En el caso de enfermedades generales, indicó que es necesario analizar algunas medidas de carácter financiero que incremente el gasto para que los adultos mayores dejen de ser uno de los grupos más vulnerables del país, y se atienda el déficit actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores.

Por otro lado, el director del Seguro Social destacó los retos financiero, social y político como la ampliación de la cobertura y la modernización de infraestructura médica y administrativa.

Dijo que se prevé concluir para este año con 2.4 millones de pensionados con una erogación de 66 mil millones de pesos, alcanzar la meta de surtimiento de recetas del 97 por ciento, concluir diversas obras y la contención del gasto y generación de ahorros.

Respecto de los avances el año anterior, comentó que se incorporaron 33.8 millones de derechohabientes a la atención preventiva, la cobertura de vacunación en menores de un año fue de 98.5 por ciento que permitió erradicar la poliomielitis, la difteria y controlados el sarampión, rubéola, tétanos, tuberculosis y tosferina.

El tratamiento del cáncer cérvico-uterino evitó 16 mil 53 casos por esa enfermedad y mil 506 muertes, disminuyó la mortandad materna y se llevaron a cabo mil 809 trasplantes. Además, agregó, el instituto registró 2.3 millones de pensionados que reasentó un incremento de 4 por ciento respecto de 2004.

Por su parte, el diputado Roberto Vega y Galina (PRI), aseguró que “el Seguro Social no va a morir” ni va a tener problemas, porque hay voluntad para avanzar y establecer bases firmes para su sostenimiento. La situación del IMSS, reiteró, es multifactorial y no los trabajadores, las prestaciones y el régimen de pensiones los causantes del problema financiero de la institución.

Indicó que la próxima legislatura deberá retomar las reformas a los artículos 277 y 286, ya que “fue uno de los grandes engaños al Poder Legislativo”, porque no se ha contratado una plaza más y no se ha crecido en ninguna de las áreas físicas del instituto.

En tanto, el diputado Lucio Galileo Lastra Marín (PAN) dijo que la información de lo acontecido en la minera Pasta de Conchos no tiene un origen que lo sustente, pues se pidió a cada institución los datos solicitados. Por lo que aún no se tienen elementos para determinar lo que sucedió sobre el registro de los trabajadores.

Por tanto, consideró, “venir a enjuiciar a las instituciones con ligereza no es lo más prudente”.

Reconoció que hubo descontrol porque mientras se constituyó una comisión especial de diputados para investigar el caso, por otro lado se solicitó información, generando con ello duplicidad en la búsqueda de mayores elementos.

En respuesta, Fernando Flores y Pérez aseguró que todos los trabajadores estaban afiliados al Seguro Social aunque con diferentes salarios. Por ello, dijo, se audita a los contratistas de la empresa con beneplácito del sindicato, por lo que esa situación debería de investigarse en el sindicato y en la empresa, y no en el IMSS.

Explicó que el día del accidente habían ocho ambulancias, una brigada de 25 trabajadores, médicos, enfermeras, especialistas en problemas respiratorios y traumatología, quienes brindaron atención médica a los mineros heridos, cinco fueron trasladados al Hospital Nueva Rosita, cuatro fueron dados del alta y uno continúa en terapia intensiva en Monterrey.

A la fecha, aseguró, se mantiene en el lugar una ambulancia y personal médico para la atención de familiares de los trabajadores, además se labora en la integración de los expedientes para otorgar las pensiones a los 65 trabajadores fallecidos: 25 sindicalizados, cuatro de confianza y 36 que trabajaban para el contratista General de Hulla S. A. de C. V.

Precisó que lamentablemente la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social no otorga al instituto ninguna facultad de inspección en los centros del trabajo, “no somos autoridad en materia de seguridad e higiene”.

El diputado Miguel Alonso Raya (PRD), presidente de la Comisión de Seguridad Social, cuestionó al funcionario sobre el informe que se solicitó al Instituto de lo acontecido en la mina Pasta de Conchos. También señaló que aparentemente hubo un giro respecto a la apreciación de que el problema que atoraba al IMSS era el RJP.

“Ahora resulta que el problema es multifactorial y que si bien, el RJP hay que seguirlo atendiendo, no se coloca como un asunto tan fundamental como el esquema de financiamiento del seguro enfermedades y maternidad y el Gasto Médico para pensionados (GMP)”.

Preguntó si hay voluntad política para concretar y buscar viabilidad al conjunto de iniciativas presentadas, cuya intención es resolver problemas sociales y a darle viabilidad al Instituto. Cuestionó qué se ha hecho para el asunto de los comisionistas, las trabajadoras domésticas y los trabajadores del campo, entre otros.

Al responder, Flores y Pérez señaló que ya entregó el informe la comisión creada para el caso de la mina Pasta de Conchos. En cuanto al cambio de enfoque de los problemas financieros del IMSS, consideró que es mucho más grave el déficit del Seguro por enfermedades generales y del GMP que el RJP.

“Estamos gastando más de lo que ingresa en este seguro, es un dato inobjetable, es un déficit de flujo; el del RJP es un déficit actuarial, pero lo enfrentaremos en los siguientes 25 ó 30 años y tendremos que cubrir pensiones y jubilaciones con recursos que vienen de las cuotas obrero- patronales. Todavía no es grave el asunto, debieran estar destinados a otros rubros”.

Destacó que el contrato colectivo del IMSS no está en tela de juicio ni el contrato colectivo ni el RJP, “es un instrumento que garantiza condiciones dignas de retiro a quienes entregan su vida al Instituto”. Afirmó que es responsabilidad de todos, sector empresarial, trabajadores, sindicato, administración y Legislativo, encontrar una solución que permita que este régimen sea viable para que los jubilados de hoy y los futuros, tengan asegurado un retiro digno, que es a lo que deben aspirar todos los trabajadores del país.