Debido a que en México existen 11 mil reclusas, de las cuales el 80 por ciento son madres y alrededor de 15 mil infantes viven con ellas, 4 mil menores de seis años, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó proposición de la diputada Gema Isabel Martínez López (PRI) por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se efectúen visitas a los diversos centros de readaptación y detectar actos que vulneren las garantías individuales.

Al fundamentar la propuesta, la legisladora señaló que aunque para muchos sólo representan el 6 por ciento de la población penitenciaria, ellas carecen de las condiciones necesarias para su readaptación, ya que la mayoría de las cárceles son mixtas, y no se tiene acceso a las necesidades propias de género, como ginecólogos y pediatras.

Dijo: “Tenemos que hacer algo al respecto, ya que con esto las mujeres lograrían tener una verdadera readaptación en virtud de que muchas de ellas cohabitan con sus hijos o están embarazadas”.

Indicó que las mujeres indígenas, al no hablar español, son recluidas, y en algunos casos llevadas a centros psiquiátricos.

La diputada Martínez López agregó que “es urgente tomar medidas en la reconstrucción del sistema penitenciario en base a los principios de igualdad y equidad de género, para evitar que las internas pasen de la reclusión a la exclusión, sin que en algún momento se les ofrezca la posibilidad de una positiva integración a la sociedad mediante el trabajo digno”.

Importaciones de leche en polvo

En seguida, se apoyó punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Economía, Sagarpa y de la dirección General de Aduanas, a fin de que informen a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y a la Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados, respecto a las importaciones de la leche en polvo.

El diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN) refirió que a pesar de que México es deficitario en la producción de leche, en los últimos años los inventarios de la industria están saturados, gracias a la Secretaría de Economía.

Detalló que a pesar de que “establecimos un precio objetivo de la leche, nos hemos encontrado con que nuestros productores no tienen, de parte de los industriales, la voluntad de compra de su producto, y esto ha hecho que haya una alteración en la cadena”.

Sobre el mismo tema, el diputado Ulises Adame de León (PRI) señaló que México es uno de los mayores importadores de leche en polvo, aunque aclaró que en fórmulas lácteas. “Se ha hecho tan popular el consumo de fórmulas lácteas, que la gente casi ha dejado de percibir cuál es leche auténtica entera y cuál es una fórmula láctea”, advirtió.

El diputado Adame de León llamó a que en el Congreso se trabaje para definir las penalidades para quien hidrate fórmulas y las venda. Finalmente, dijo, no es suficiente con que vengan los secretarios, “porque ya han venido muchas veces a decirnos lo mismo. Necesitamos, además de que vengan que haya un cumplimiento verdadero para resolver esta problemática”.

Permiso de internación vehicular temporal

También se ratificó la proposición a cargo del diputado José Manuel Abdala de la Fuente (PRI) en la que solicita a la SHCP a que a través de la Dirección General de Aduanas, se otorguen los permisos de internación temporal a los vehículos que lo tramitaron antes del 24 de enero de 2006, conforme a lo establecido en la reforma al segundo párrafo del inciso b) de la fracción segunda del artículo 62 de la Ley Aduanera.

Proyectos de inversión financiada

Más adelante, se avaló propuesta por la que se pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resuelva la integración de inconsistencia entre el artículo 5 fracción I de la Ley de Ingresos de la Federación y el anexo XV decreto del Presupuesto de Egresos relativa a los montos que el Ejecutivo Federal puede contratar para proyectos de inversión financiada, a través de la Comisión Federal de Electricidad.

La propuesta presentada por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón (PRD) destaca que los montos involucran la indefinición, la inconsistencia y la incongruencia de la aplicación de créditos por dos mil 180.8 millones de pesos. Además se pide que de dicha resolución se informe a la Cámara de Diputados.

Calidad laboral de los trabajadores

Del mismo modo, se aprobó en votación económica la proposición del diputado Edmundo Valencia Monterrubio (PAN) para exhortar a la Secretaría del Trabajo, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a investigar las posibles anomalías en que se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores de la Empresa Industrial Minera Mexicana, Compañía del Grupo México.

El legislador panista destacó que es indispensable “que tomemos cartas en el asunto”, y recordó que el compromiso de los diputados es velar por la legalidad y buscar una mejor calidad de vida de los trabajadores.

Solidaridad con el pueblo boliviano

En el transcurso de la sesión, se ratificó proposición de la Junta de Coordinación Política en el que la Cámara de Diputados condena enérgicamente el atentado ocurrido en La Paz, Bolivia, el 22 de marzo del año en curso, y expresa su solidaridad a las familias de las víctimas y al hermano pueblo boliviano.

Cuenca del Papaloapan, S.A de C.V

Más adelante, se respaldó el punto de acuerdo del diputado Diego Palmero Andrade (PAN) por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda a autorizar, o en su caso liberar las reservas que por participación de utilidades les corresponden a los trabajadores de la empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.A de C.V, Ingenio San Cristóbal, del ejercicio fiscal de 2004.

Palmero Andrade sostuvo que los obreros de la agroindustria azucarera, durante más de 50 años, no han tenido derecho a la participación de utilidades, pues explicó que existe un contrato independiente, por lo que pidió estar atento en los 58 ingenios que en estos momentos operan.

Hongo Fusarium moniliforme

Posteriormente, se aprobó proposición del diputado Enrique Torres Cuadros (PRD) por la que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Sagarpa y demás dependencias competentes, realicen las investigaciones en torno al ingreso de las variedades de semillas contaminadas con el hongo Fusarium moniliforme en diversos municipios del estado de Michoacán, y en su caso impongan las sanciones que correspondan a los funcionarios que resulten responsables y a la empresa comercializadora Pionet.

También, se solicita a la Sagarpa que difunda ante las dependencias estatales correspondientes la problemática que se ocasionó a los campesinos de la región del Bajío con la siembra de semillas contaminadas, a fin de tomar las precauciones necesarias para evitar perdidas futuras y la contaminación de suelos.

Del mismo modo, se pide a los gobiernos federal y estatal a crear un esquema de apoyo con créditos preferenciales a través de la financiera Rural, Fomich o de los programas de la Cedrago fungiendo como aval el gobierno del estado de Michoacán, con el objeto de resarcir los daños de los campesinos afectados, dado que ellos han caído en cartera vencida e incumplido el contrato con las empresas comercializadoras.

Procedimientos del Fideicomiso Comercializador

A fin de que se investiguen los procedimientos oficiales para la venta de asignación de cuotas de los productos: azúcar y melaza, del Fideicomiso Comercializador, se presentó la proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia), que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo dicha labor. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

Medidas fiscales sobre refrescos y otras bebidas

Asimismo, se mandó a la Comisión de Economía, proposición del legislador priísta Marco Antonio Torres Hernández, por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus competencias instruya a las secretarías correspondientes a que envíen un informe detallado de los argumentos que empleó México en el proceso legal ante el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, relativo a los edulcorantes, denominado “México-medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas”.