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El diputado Inti Muñoz Santini afirmó que la normatividad no debe soslayar a beneficiarios por sus preferencias sexuales
El Estado está obligado moral, jurídica y políticamente a dar respuestas en el plano legislativo, judicial y administrativo a favor de los derechos humanos, sin importar si se trata de personas con preferencias sexuales distintas a las heterosexuales; de no ser así, éste vulneraría su propia ley y estaría realizando un fraude a la Constitución al violentarla flagrantemente.

Estas personas, hombres y mujeres, son sujetos de derechos y obligaciones como cualquier ciudadano. Ante el Pleno, el diputado Inti Muñoz Santini (PRD) presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud.

El legislador recordó que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias de cualquier naturaleza, porque este hecho atentaría contra la dignidad humana, con lo que se anularían los derechos y libertades fundamentales de las personas.

“Es inaceptable que aún tengamos en México una legislación de excepción en materia de pensiones y otras prestaciones laborales que impide, obstaculiza y merma las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna a favor de todas las personas, independientemente de sus preferencias”, comentó.

Tal iniciativa tiene como propósito modificar la normativa vigente relativa a la seguridad social y contenida en las legislaciones en materia de atención médica y pensiones a las parejas de los trabajadores sin importar que sean del mismo sexo.

“El orden normativo tiene que actualizarse y ajustarse a los estándares y criterios que establece el contexto mundial de los Derechos Humanos, que a la fecha es inadecuado, debido a que cuenta con figuras jurídicas excluyentes y discriminatorias que hacen engañosos los postulados y principios establecidos en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México”, aseveró Muñoz Santini.

Por ello, afirmó, es necesario que el Congreso efectúe una transformación del orden jurídico interno y adecuarlo a los cambios y condiciones que requieren los sujetos de derechos, en ese orden de ideas conviene proponer y efectuar cambios a las leyes antes mencionadas.

El diputado destacó el avance que se ha dado ante la sociedad civil con la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. “El Estado no puede retrotraerse de sus afirmaciones legislativas en materia de derechos humanos, como es el caso de la aprobación de la citada norma federal, los poderes públicos tienen que ajustare a los más altos estándares a favor de la persona humana y reformar la legislación interna eficazmente”, enfatizó.

Al Estado le corresponde reconocer las diferencias existentes en la sociedad. “Se busca brindar un status jurídico de reconocimiento pleno a la personalidad de quienes forman y hacen vida de pareja; que sus derechos, en este caso en materia de pensiones, se encuentren asegurados en un marco jurídico más acorde con los actuales tiempos en los que se requiere mayor tolerancia, pluralidad y respeto”, concluyó.