La Cámara de Diputados presentó la madrugada de hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal, por la violación al recinto parlamentario, realizada por elementos de la Procuraduría General de la República.

Por instrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas y Petricioli, la Dirección General Jurídica de la Cámara Baja presentó la denuncia en contra de quienes resulten responsables por los actos registrados ayer viernes, cuando personas identificadas como miembros de la Procuraduría General de la República ingresaron con engaños al Palacio Legislativo de San Lázaro, sin autorización alguna, para realizar una diligencia judicial.

“Este hecho –manifestó Marcela González Salas- es una intromisión a la soberanía de uno de los Poderes de la Unión”, además de que viola flagrantemente los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que “los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables”, además de señalar que ninguna autoridad pueda ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los recintos parlamentarios y los legisladores.

Ante este hecho, y con la obligación que le dicta el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, instruyó a la Dirección General Jurídica de este órgano legislativo levantar la denuncia correspondiente.

En cumplimiento a esta instrucción, Felipe de Jesús Zamora Castro, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, presentó la denuncia penal en contra de quienes resulten responsables; la denuncia se presentó en la delegación de la PGR en el Distrito Federal, en la Mesa 19 de la subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República, tomando conocimiento del caso la agente del Ministerio Público, Julieta Erika Zavala Vázquez, de la mesa de guardia.

Marcela González Salas reiteró su condena a esta “flagrante violación” perpetrada por funcionarios de la Procuraduría General de la República quienes injustificadamente lesionaron la relación entre los Poderes de la Nación al no respetar los procedimientos institucionales.