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Centros laborales, transporte público, mercados y hasta universidades, preferidos por hostigadores
Bajo la premisa de que a mayor número de mujeres trabajadoras, más hostigamiento sexual, el diputado César Amín González Orantes (PRI) presentó una iniciativa para castigar o erradicar este comportamiento.

Propuso el diputado aplicar una “condena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de tres a cinco salarios mínimos mensuales, a quien con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación”.

González Orantes resaltó que se ha abusado “de las debilidades culturales y físicas de la mujer mexicana, ya sea aprovechando sus necesidades de orden personal o su inexperiencia, para tratar de obtener alguna ventaja en el terreno erótico”.

Al leer la iniciativa ante el Pleno camaral, dijo que el acelerado proceso de desarrollo del país y las condiciones de la vida moderna, han traído como consecuencia un notorio incremento del hostigamiento sexual contra las mujeres en el ámbito laboral, por lo que se hace necesario “tutelar intereses o bienes jurídicos de naturaleza sexual”.

Destacó que en el área jurídica penal siempre se ha pretendido proteger a la mujer de abusos, sancionando conductas como violación, estupro, rapto, atentados al pudor, incesto y adulterio.

El diputado César Amín González refirió que aunque las mujeres son las principales ofendidas, también hay hombres que se consideran igualmente víctimas del hostigamiento sexual.

“Las mujeres, dada su situación en el mercado laboral, son más vulnerables pues, a pesar de las leyes contra la discriminación, siguen confinadas en empleos de bajos salarios, poco calificados o considerados, mientras que los hombres predominan en puestos de mando y de control”, afirmó el legislador del PRI.

Añadió que es indudable que la mujer es hostigada no sólo en su centro de trabajo, sino en el transporte colectivo, escuelas e, incluso, en las universidades.

La iniciativa, que se estudia en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, reformaría el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.