A través de un punto de acuerdo aprobado por el Pleno, la Cámara de Diputados condenó enérgicamente la violación del recinto legislativo, ocurrido el 24 de marzo del presente año, por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).

El punto de acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política, solicita además que el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, informe a esta soberanía respecto de las acciones emprendidas para sancionar a los responsables.

Refiere que conforme al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas y el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fueron constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Señala también que el numeral 1 del artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recintos del Congreso y de las Cámaras son inviolables y que toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda.

Asimismo, menciona que “el artículo 13 de esta ley señala que ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios”, refiere el punto de acuerdo.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de marzo, alrededor de las 14:15 horas, seis personas que dijeron ser elementos de la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República ingresaron al Palacio Legislativo de San Lázaro con el argumento de dirigirse al Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Dichas personas resultaron estar adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), las cuales no se dirigieron al Comité mencionado, sino a las oficinas del diputado Jesús Humberto Martínez para realizar una notificación ministerial.

En este sentido, la Cámara de Diputados determinó que en ningún momento estas personas se identificaron como agentes del Ministerio Público o agentes ministeriales adscritos a la SIEDO, ni informaron los motivos de su presencia, por lo cual, con engaños y sin el permiso de la Mesa Directiva, ingresaron y realizaron una notificación ministerial, lo cual contraviene el artículo 61 constitucional y los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante ello, el 24 de marzo, al tener conocimiento de estos sucesos, la Presidenta de la Mesa Directiva, Marcela González Salas y Petricioli a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, presentó denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables.

Amplían vigencia de Comisiones Especiales

En la sesión de hoy fueron aprobados otros dos puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El primero de ellos, para ampliar la vigencia de la Comisión Especial para analizar la Reforma del Estado, hasta el 31 de agosto, y deberá presentar su informe de los trabajos realizados el 31 de julio del presente año.

Además, tiene la obligación de presentar la comprobación de gastos antes del 31 de julio. La Comisión Especial será presidida, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2006, por el diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El segundo punto de acuerdo avalado por el Pleno fue también para ampliar la vigencia de la Comisión Especial para analizar la Situación en la Cuenca Lerma-Chapala, hasta el 31 de agosto. Dicho órgano legislativo fue creado el 18 de marzo de 2004 y sus trabajos concluirían el 30 de abril del presente año 2006.

Protesta de Ley de nuevas diputadas

Más adelante, y ante el Pleno, Isabel Carmelina Cruz Silva y Karimme Isabel Suro Barbosa, del PRI, rindieron protesta de Ley como diputadas federales en los distritos electorales II del estado de Oaxaca y VII del estado de Nuevo León, respectivamente, para sustituir a los diputados con licencia Elpidio Desiderio Concha Arellano y Alfonso González Ruiz.

Previamente se le concedió licencia al diputado Jacobo Sánchez López (PRI), para separarse de sus funciones legislativas por el distrito electoral IV del estado de Oaxaca, en tanto que los diputados priístas Margarita Martínez López, Quintín Vázquez García, Humberto Cervantes Vega, Valentín González Bautista (PRD) y Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), notificaron su reincorporación como diputados federales.

El diputado Roberto Vega y Galina, de la cuarta circunscripción plurinominal del Distrito Federal, notificó su separación del Partido Revolucionario Institucional, y se declaró como diputado independiente.

Comunicaciones

Se recibieron comunicaciones de los congresos de los estados: de Baja California Sur, por el que se manifiesta en contra de la reforma o creación de otra Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

El de Michoacán solicita a las autoridades federales utilizar los recursos legales y diplomáticos para “derrotar las iniciativas anti-inmigrantes”, así como fortalecer las fronteras contra la entrada ilegal de productos textiles de confección, provenientes de la República Popular China.

El de Puebla exhorta a la Cámara de Diputados federal para que se apruebe el proyecto de decreto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se recibió información relativa al padrón de beneficiarios de los programas de becas e intercambio administrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública.