Este año se logró un presupuesto de mil millones de pesos para la creación del Fondo Metropolitano para el Distrito Federal y municipios conurbados del estado de México, así lo estableció el Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, Fernando Fernández García (PRI).

Dentro de la inauguración del foro prospectiva de un nuevo marco jurídico ante los desafíos del desarrollo metropolitano en México, del ciclo Legislando la Agenda Social, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el legislador subrayó que el fondo permitirá desarrollar importantes obras en dicha demarcación.

“No obstante, mientras no se concrete la actualización del marco jurídico federal, continuarán prevaleciendo problemas de coordinación intergubernamental, que no es una contrariedad exclusiva de nuestro país”, externó.

Aclaró que la comisión a su cargo fue creada en la actual legislatura, por consideración de la representación de las diferentes fracciones parlamentarias de la Cámara. “Tiene como objetivo atender de forma prioritaria lo concerniente al fenómeno metropolitano, mismo que trasciende los ámbitos de la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey”.

A través del tiempo, dijo, los gobiernos y las instancias de coordinación metropolitana existentes en territorio nacional han logrado concretar estudios, programas, proyectos y obras, sin contar con ordenamientos jurídicos claros y expeditos para la coordinación intergubernamental y cooperación sectorial e institucional.

“Sus acciones han sido de indudable trascendencia y lo han hecho sin contar con la mejor estructura organizativa de coordinación metropolitana y sin los suficientes recursos económicos, encontrando fórmulas y soluciones positivas que han beneficiado a la población en conjunto”, acotó.

En su oportunidad, Salvador Moreno Pérez, investigador del CESOP, destacó que los retos que enfrenta el desarrollo urbano de México en el siglo XXI están relacionados con los cambios que a escala mundial dan forma y contenido al proceso de globalización.

Mencionó que desde 1940 se define como zona metropolitana a la expansión física de varias ciudades sobre el territorio de dos o más estados o municipios. “La planeación, coordinación y administración metropolitana son instrumentos clave para la organización espacial y la sustentabilidad de esos centros de población”.

Comentó que en el ámbito de la política urbana y ordenación del territorio, el Sistema Urbano Nacional (SUN) pretendió entender el espacio urbano bajo un enfoque sistémico que permitía conocer y analizar el territorio nacional a través de su estructura urbana. “Las zonas metropolitanas son los elementos de mayor jerarquía del SUN; en ellas se genera el 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, afirmó.

Por su parte, Gustavo Garza Villarreal, Coordinador del Doctorado en Desarrollo Urbano del Colegio de México, explicó que las ciudades del tercer mundo suelen visualizarse como enjambre de problemas, déficit en vivienda, altos niveles de inseguridad, inadecuados servicios de transporte, contaminación de los ecosistemas urbanos, insuficiente planeación y la gestión administrativa son algunos de ellos.

Estableció que en el 2000 se tenían detectadas 56 zonas metropolitanas que suman 54 millones personas, lo que constituye el 83 por ciento de la población urbana nacional y el 56 por ciento de la población total nacional.

En estudio realizado por su cuenta sobre la estructuración del espacio relativo a los estratus sociales existentes en zonas metropolitanas mexicanas estimó que las diferencias son considerables. “El 40 por ciento es ocupado por clases bajas, el 30 por ciento por medias y el 20 de altas”, enfatizó.

Añadió que mientras no se establezca un marco normativo funcional acorde al desarrollo económico, social y urbanístico, será muy improbable que tenga la capacidad de alcanzar la competitividad y eficiencia que demanda el país si aspira a competir en mercados mundiales.

En su turno, Elizabeth Anaya Lazurtegui, asesora de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, reconoció que se ha avanzado en la elaboración de planes que fungen como marco de actuación de los gobiernos involucrados en una metrópoli, desafortunadamente éstos no se aplican y nadie vigila que funcionen.

“Lo grave es que hay planeación, existe un siglo de planeación en donde se marcaban las consecuencias a 30 o 40 años. El asunto no es la falta de estudiar lo que va a suceder, el problema es que no se aplican, ni se respetan o continúan”, puntualizó.

La especialista destacó que el inconveniente de la estructura de la administración de gobierno en México permite no ser aplicado, modificado y hasta reinventado, dependiendo el caso que se presente.

“Hay temas en que todos deben estar de acuerdo, no hay discusión, el asunto de que se necesita resolver la dotación de agua no es cuestión de partidos, sino de ciudadanos; el conflicto es generar los instrumentos de aplicación y control de las normas que sean parejas con el fin de no causar confusión”, concluyó.