• En Pemex ocurre el 57 por ciento de emergencias por materiales peligrosos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 302 votos a favor y dos abstenciones, un dictamen por el que se modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para permitir auditorías ambientales obligatorias a paraestatales, órganos desconcentrados y entidades autónomas de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con los diputados proponentes de las reformas, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (PRI) y Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene registrado que el 40 por ciento de los accidentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) provienen de fallas humanas, del material, equipo y tomas clandestinas, en tanto que en el 11 por ciento de los casos, la causa ha sido desconocida.

Además, refieren, es en instalaciones de Pemex donde ocurre el 57 por ciento de todas las emergencias ambientales con materiales peligrosos, y a la fecha no se han podido prevenir porque se carece de estudios que pongan en evidencia el deterioro que provocan las actividades de la paraestatal.

Mencionan que en el último año se han registrado 700 fugas en la infraestructura de Pemex, que significaron daños ambientales por un costo de mil 40 millones de pesos. Además, México cuenta con una red de ductos que alcanza los 41 mil 800 kilómetros, con una edad promedio de 25 años de operación, cuyo mantenimiento no ha sido suficiente.

“Durante 2005 se han registrado fugas y daños ecológicos en Nanchital y Coatzacoalcos, Veracruz; Xicotepec, Puebla; y Villahermosa, Tabasco, acontecimientos que no sólo afectan de manera inmediata a las personas y medio ambiente, sino que tienen efectos perdurables para la salud humana, toda vez que los derrames de petróleo y otros hidrocarburos llegan a los mantos acuíferos, a la tierra cultivable y, en muchos casos, las sustancias tóxicas quedan dispersas en la atmósfera”, explican.

El dictamen añade que tan sólo de 2004 a 2005, el costo estimado de las principales contingencias ambientales ha sido mayor a los mil 40 millones de pesos por limpieza de los sitios, retiro y disposición final de los materiales, reestructuración de áreas y saneamiento del sedimento impactado, de manglares y de suelos, entre otros.

Es por ello, señala, “que estas reformas proponen la realización de las auditorías ambientales de manera obligatoria en las empresas paraestatales, con el propósito de identificar, evaluar y controlar los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente”.

Concluye que la Secretaría de Medio Ambiente deberá presentar los programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías, así como el diagnóstico básico del cual derivan, a disposición de quienes resulten o puedan ser directamente afectados.

Por lo que respecta a los estados y el Distrito Federal, se estipula que éstos podrán establecer sistemas de autorregulación y auditorías ambientales en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Avalan sanciones por daño al ambiente

También los diputados aprobaron 314 votos en pro y tres abstenciones el dictamen a la Minuta que reforma diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el fin de establecer multas por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien viole las disposiciones de esta legislación y exigir al infractor la reparación del daño.

El documento de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que la generación de residuos derivado del desarrollo industrial, tecnológico y urbano causa graves afectaciones y muchas veces el daño es irreversible; de ahí que es necesario adecuar el régimen de imposición y el cumplimiento de sanciones.

Las reformas plantean el establecimiento de medidas para que el infractor corrija el daño causado, así como el plazo otorgado para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiera hecho acreedor.

Se establece que dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá comunicar, por escrito y en forma detallada a la autoridad, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas.

Protección al ambiente

Del mismo modo, el pleno de la Cámara aprobó otro dictamen por el que se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Vida Silvestre.

Con estas modificaciones en materia de protección al ambiente se protegen y conservan los recursos naturales; se establece la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios para conservar y aprovechar, de manera sustentable, la vida silvestre y su hábitat no sólo dentro del territorio nacional, sino en la zonas periféricas donde México ejerce su soberanía y jurisdicción.