• La desnutrición lacera a infantes en zonas indígenas, advirtió

• Los menores son altamente proclives a la drogadicción y prostitución

Alrededor de dos millones de niñas y niños en el país no cursan la educación básica y son explotados laboralmente, afirmó la presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, diputada Angélica de la Peña Gómez, quien propuso conformar un instituto de protección a los derechos de los infantes.

Durante la presentación del libro: Derechos Incumplidos, Futuros Limitados, editado por Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias, la legisladora del PRD abundó que esos niños sin escuela desempeñan alguna labor en una situación de inconstitucionalidad, ya que los menores de 14 años no deberían trabajar, “está prohibido por la Carta Magna”.

Precisó que estos menores laboran en las minas, en el campo, algunos son niños que están en situación de calle y otros sufren alguna discapacidad y se encuentran marginados en el último rincón de su casa. “Son niños o niñas que cada vez engrosan las filas de las personas que sufren esta nueva esclavitud, que es la trata de personas en sus nuevas formas como son: la migración interna y externa”.

Externó que es lamentable observar que en las fronteras, en el sur y norte del país, los albergues son insuficientes porque la nueva población que se incorpora en este tipo de lugares son precisamente niños y niñas.

Explicó la necesidad de crear un instituto encargado de proteger los derechos de la infancia, que es una de las reformas que se impulsa en la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La legisladora agregó que se requiere puntualizar un mecanismo institucional que pueda ser garante de la definición de las políticas públicas a favor de la niñez.

Destacó que ese organismo lo constituiría el Instituto Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual se dictamina en la Ley de Protección de este sector, para crearlo. “Espero sea aprobado por la plenaria de la Cámara de Diputados y el Senado de la República lo avale y ratifique esta minuta que seguramente le enviaremos antes de que termine este mes”.

Confió que este instituto pueda trabajar en el ámbito de la administración pública federal con todas las instituciones y dependencias para que haya una coordinación en las políticas alrededor de los niños y niñas.

Posteriormente, abordó el problema de la desnutrición en los niños menores de 5 años. Añadió que en algunas partes de las zonas indígenas casi el 40 por ciento de los menores sufre este fenómeno.

Señaló que globalmente en el país, entre el 18 y 25 por ciento de la población la padece, pero cuando se observa en cada una de las entidades las cifras son mayores.

Por otra parte, dijo que la presentación de este informe alternativo, denominado Derechos Incumplidos, Futuros Limitados, refleja la necesidad de modificar el modo de vida de muchos niños que no tienen condiciones para el desarrollo de sus potencialidades.

Expresó que no se deben duplicar los programas a favor de la niñez, pero sobre todo a partir de un diagnóstico preciso determinar en dónde se tiene que invertir.

Subrayó que se debe replantear la reetiquetación de recursos y ver como inversión todo lo que se dedique de manera presupuestal hacia lograr que los menores gocen de sus derechos.

En su momento, Francisco Mora Ciprés (PRD), secretario de la Comisión Especial de la Niñez, coincidió en que esos más de dos millones de niños que están fuera de las aulas, que no reciben educación primaria y secundaria. Seguramente se encuentran desarrollando trabajos pesados que les corresponden a los adultos, donde hay maltrato y explotación física y económica.

Agregó que un alto porcentaje de niños que están conviviendo con personas mayores en lugares expuestos a peligros, se inician en las drogas y prostitución.

La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros (PAN) hizo un exhorto a los todos los sectores de la sociedad para que se sumen a los trabajos que beneficien los derechos de la niñez.

Asimismo, aseguró que el reto del sistema educativo nacional es reducir las brechas en cuanto a la calidad del servicio y aprovechamiento entre las escuelas rurales y urbanas.

Dio a conocer que durante 2005 se alcanzaron los 5.8 millones de niños, niñas y jóvenes que cuentan con una beca, lo que significa que el número de estos apoyos es el doble de las del 2000, lo que ha contribuido a incrementar entre 2000 y 2004 las inscripciones a secundaria en 10.2 por ciento y al bachillerato en 22.8 por ciento.

En su turno, Saúl Arellano, especialista del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. dijo que es urgente revisar la política educativa, porque es la única vía de acceso a la competitividad y mejores empleos. Agregó que si no se cumple con este derecho de la niñez, se limita el futuro de la sociedad.

Abundó que casi 100 mil localidades de menos de 500 habitantes no son atendidas por el Programa Oportunidades.

Comentó que entidades como Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí no han mejorado sus niveles de nutrición, sino que tienen un retroceso en los niveles de bienestar y en nutrición de niñas y niños.