Diputados aprobaron un acuerdo para que la Subcomisión de Examen Previo resuelva, a la brevedad, la denuncia de juicio político interpuesta en contra del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres.

Al participar en el debate, el diputado Felipe de Jesús Díaz González (PAN) dijo que el caso de la periodista Lydia Cacho dejó al descubierto la represión, prepotencia e impunidad del gobernador.

Aseguró que a partir de las conversaciones del mandatario local y el empresario Kamel Nacif, la ciudadanía ha sido testiga de los excesos en el uso del poder político, que rebasan las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Ejecutivo estatal.

La demanda de los poblanos, dijo, es a favor de la justicia y en contra del abuso de autoridad, la corrupción y falta de respeto a las garantías individuales.

Explicó que Mario Marín enfrenta un proceso de desafuero, una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Procuraduría General de la República, además de los procesos que se acumulen por las indagatorias.

Al hablar en contra de la propuesta, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos (PRI) aclaró que los mayores interesados en que se investigue el caso son los diputados priístas de Puebla, pero “no se vale que se utilice la tribuna con fines distintos”.

Se pronunció a favor de que se investigue, pero “¿acaso son magos para saber?”, pues mientras no haya pruebas toda persona es presunto responsable.

En tanto, Rogelio Flores Mejía (PAN) reiteró que los legisladores de Puebla esperan que el asunto llegue hasta sus últimas consecuencias, pero “no se equivoquen porque no tiene tintes electorales; es un asunto de respeto a los niños del estado”.

Aseguró que los órganos institucionales son quienes deben determinar si es o no culpable el gobernador, pero de ser responsable debe renunciar al cargo.

La diputada priísta María de Jesús Aguirre Maldonado reiteró que la tribuna no debe utilizarse con fines electoreros, ya que se mencionó al candidato de su partido, “que no tiene nada que ver con el punto de acuerdo”.

Hizo un llamado para que sea la Corte quien resuelva, porque los legisladores no deben prejuzgar.

Más adelante, Inti Muñoz Santini (PRD) reiteró el compromiso de su partido con la transparencia y en contra de la impunidad, y para “que el viejo México de la corrupción quede atrás”.

Explicó que su partido interpuso la solicitud de juicio político y demanda penal contra el gobernador y en este último caso, de Kamel Nacif y funcionarios públicos de Puebla.

Por último, el diputado Rogelio Flores Mejía, al volver hacer uso de la tribuna, precisó que no se pretende juzgar al mandatario, sino que se dé entrada para definir si es o no culpable. “Por lo tanto, no debemos estar nerviosos, sino tranquilos y votar el acuerdo para que resuelva la Subcomisión a la brevedad”.

Concluido el tiempo reglamentario, se citó para la sesión del martes 18 de abril, a las 11:00 horas.