El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), a través del Alto Consejo por la Transparencia de Programas Sociales federales, entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales, el cual tuvo como objetivo minimizar, a partir de acciones preventivas de inhibición y desaliento, la posibilidad de que programas sociales como Oportunidades, Habitat, Procampo, Tu Casa, entre otros, sean objeto de manipulación electoral.

Otro de los objetivos de ese Diagnóstico es sensibilizar a la ciudadanía y a los diferentes actores políticos respecto a los instrumentos de que ya dispone para denunciar eventuales malos usos de los programas sociales federales en los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal- durante el proceso electoral nacional.

Lo anterior forma parte de un estudio solicitado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, al PNDU. Para realizar dicho diagnóstico se conformó el Alto Consejo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales, entre cuyos integrantes destacan Luis F. Aguilar, Clara Jusidman, Fernando Franco González Salas, Jacqueline Peschard, Sergio Aguayo y Mauricio Merino.

Como resultado de ese diagnóstico, entre las recomendaciones que hace el Alto Consejo para “blindar” esos recursos para evitar que los tres órdenes de gobierno los usen y manipulen con fines proselitistas destacan, entre otras medidas, que el gobierno informe sobre el avance de las mecanismos de protección electoral de dichos programas y que dé a conocer a la opinión pública los casos de amonestación, suspensión o inhabilitación de funcionarios a los que se les impute responsabilidad en el uso político-electoral de los programas sociales.

Asimismo, le sugiere que efectúe una campaña permanente en los medios de comunicación, usando los tiempos oficiales, sobre el uso partidista de los programas sociales con la finalidad de que la ciudadanía los asuma como un derecho y que informe a los beneficiarios de que ninguna autoridad o actor político podrá condicionar la condonación de un crédito o la entrega de cualquier beneficio social ni eximirlos de sus obligaciones a cambio del voto.

De darse el caso de que suceda lo anterior, recomienda realizar una campaña especial a nivel nacional acerca de los mecanismos para presentar denuncias sobre los delitos electorales y quejas de irregularidades en la operación de los programas sociales.

Durante la ceremonia de recepción del Diagnóstico, la diputada Marcela González Salas y Petricioli, presidenta de la Cámara de Diputados, destacó la importancia de este tipo de estudios para nuestro país, porque a través de estos análisis podemos identificar la posible utilización de recursos públicos en campañas electorales.

La diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD) destacó la vocación que ha tenido la Cámara de Diputados para vigilar el destino de los recursos públicos y que el Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales representa un importante avance para la transparencia del manejo de los programas sociales vigentes en México.

Comentó que en anteriores legislaturas se realizaron diversos programas y acciones para vigilar esos recursos, pero que sus resultados no se habían concretado, como hoy puede suceder. En ello, la participación y práctica de la sociedad civil para aclarar la transparencia en el manejo de los recursos públicos también ha sido destacada.

Brugada Molina reiteró que hoy le toca a la Cámara de Diputados difundir las acciones y objetivos del PNUD, así como identificar las anomalías que se den en la aplicación de los programas sociales y promover, de ser el caso, que la ciudadanía haga las denuncias correspondientes.

Fernando Franco González Salas, integrante del Alto Consejo por la Transparencia de Programas Sociales Federales, exigió a las autoridades que cumplan las normas establecidas para los procesos electorales, e invitó a los partidos políticos, la sociedad civil y a las universidades a denunciar el uso indebido de los recursos públicos.

El doctor Alejandro Ginspun, también integrante del Alto Consejo, comentó que para la ONU el Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales es un proyecto pionero, y felicitó a México por tener la valentía de revisar los programas sociales y los recursos en la aplicación de las campañas electorales.
Al final de la reunión, la Cámara de Diputados y los integrantes del Alto Consejo por la Transparencia de Programas Sociales Federales acordaron darle seguimiento a las recomendaciones de este proyecto y crear una comisión de enlace para nutrirles de toda la información que requieran sobre el tema.