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• Consolidemos una economía solidaria: diputado Javier Saucedo Pérez

En un país de grandes desigualdades económicas como México, donde los sectores más desfavorecidos se ven imposibilitados para beneficiarse de los créditos bancarios, que sólo se aprovechan de la gente, debe privilegiarse el modelo cooperativo en el impulso de políticas públicas que orienten el desarrollo.

Así lo dijo el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD), presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, quien advirtió la necesidad de consolidar una economía solidaria mediante el apoyo de cooperativas para “que haya distribución de la riqueza hacia la comunidad”.

El legislador se pronunció a favor de que el Estado asuma su responsabilidad frente a este sector de la economía social, “que puede convertirse en un factor de desarrollo” y absorber la fuerza de trabajo que está desempleada “para constituirse en un instrumento de combate a la pobreza”.

Afirmó que con el agotamiento del modelo económico empleado en nuestro país, aparece un debate que tiene que ver con el contenido y la orientación que la nueva legislación del sector cooperativo debe impulsar.

Saucedo Pérez indicó que se requiere cambiar la percepción de “carácter mercantil” que se les otorgó a las sociedades cooperativas, porque éstas son un “ente social activo y propositivo para el desarrollo; “en esa medida se pueden orientar las fuerzas del Estado en el fomento cooperativista y disminuir los rezagos económicos”.

El presidente de la Comisión resaltó la importancia de estas sociedades y recordó el caso de la crisis financiera de Argentina, en 2001, donde “el Banco Cooperativo salió al rescate y le decía a la gente que su dinero permanecía en pro del desarrollo nacional”.

Hizo un llamado para orientar y regular el sentido social de las cooperativas, a fin de “no tratar igual a los desiguales. Se debe evitar que los bancos comerciales usuren con los pobres y una manera de erradicar eso sería a través de las sociedades cooperativas”.

Enunció que, desde el punto de vista legislativo, se requiere darle al cooperativismo su propio nivel, en razón de la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen una serie de medidas para que los gobiernos favorezcan leyes que impulsen el desarrollo y se elaboren programas de apoyo a las cooperativas.