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• Fue en perjuicio de la ex coordinadora de Patrimonio Cultural y Turismo, Gloria López Morales

La Cámara de Diputados podría solicitar a las secretarías de la Función Pública y de Educación Pública que en el ámbito de sus competencias, realicen una investigación a fondo y deslinden la posible participación de la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sari Bermúdez, en la probable comisión del delito de espionaje telefónico.

Y es que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados conocieron un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRD de urgente resolución, mismo que será abordado en la sesión del próximo martes 18 de abril ante el Pleno, en el cual se solicita que ambas dependencias indaguen sobre este ilícito y que, de comprobarse, se castigue a los responsables, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El autor del punto de acuerdo, el diputado perredista, Inti Muñoz Santini, refirió que el pasado 7 de marzo se publicó en un diario de circulación nacional que en oficinas del Conaculta se cometió el delito de espionaje telefónico con la presunta anuencia o participación de su presidenta, Sari Bermúdez.

De acuerdo con la información publicada, dijo Muñoz Santini, la ex titular de la Coordinación de Patrimonio Cultural y Turismo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Gloria López Morales, documentó que Fernando León Olea llevó a cabo las grabaciones de sus conversaciones telefónicas e impunemente exhibió estos materiales.

Agregó que ésta acusó que desde la Presidencia de la República y del Conaculta se cobijaron las actividades de espionaje por más de dos años.

El legislador perredista expuso que, según la publicación, el despido de Gloria López Morales fue producto tanto del espionaje telefónico, como de una campaña de sabotaje a su trabajo y al interés nacional, configurando acciones que agraden los derechos fundamentales y lesionan la dignidad humana.

En su punto de acuerdo refiere: “enviado desde Los Pinos llegó un día a Conaculta Fernando León Olea. Se presentaba en las dependencias como enviado de la Presidencia de la República en espera de que se le abrieran los archivos oficiales correspondientes, al parecer, las razones por las que la presidenta del Conaculta suspende en sus funciones a Gloria López Morales se sustentaron en el contenido de las grabaciones que hizo esta persona”.

“De esta acción institucional tenemos la constancia documental, la cual presentamos a la Presidencia de esta soberanía”, dijo el perredista Muñoz Santini.

El legislador destacó que lo publicado por el columnista Miguel Ángel Granados Chapa en el diario Reforma, el pasado 7 de marzo, fue anexado como evidencia pues indica que el señalado “mostraba un paquete de casetes donde era posible oír a funcionarios del INAH y del Conaculta, intercambiando información y juicios. Mostró además papeles con membrete del Centro de Investigación y Seguridad Nacional donde se enlistaban esas y otras grabaciones".

El diputado del PRD concluyó que consta en oficios y actas circunstanciadas las denuncias de Gloria López Morales, por lo que ante la gravedad es necesario también que la presidenta del Conaculta comparezca ante esta soberanía para esclarecer la situación.