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• Más que defender entorpecen el proceso de gran número de casos

• Desde la primera declaración ante el Ministerio Público se requiere asesoría legal

Ante la lacerante pobreza del 50 por ciento de los mexicanos, éstos carecen de recursos para pagar un abogado, en caso de una defensa legal, por lo que solicitan el apoyo de una persona de confianza, término que fomenta el coyotaje, es decir, personas sin profesión que se dedican a defender a los inculpados, además abusan de la ignorancia de sus clientes y se coluden con autoridades para obtener beneficios económicos a costa de la libertad de otros.

Por lo que el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PRI), a través de una iniciativa, plantea elevar a rango constitucional el derecho a un defensor profesional que tenga capacidad técnica y ética en el desempeño de sus tareas, en el marco de la protección de uno de los valores fundamentales del hombre: la libertad.

Sostuvo que una defensa eficaz durante la averiguación previa es fundamental, pues la primera declaración que se haga ante el Ministerio Público será a la que el juez le otorgue mayor valor probatoria, de ahí que resulta necesario tener conocimientos en derecho y proporcionar una buena asesoría, pues de ella depende lo que sucederá a futuro.

La calidad en la defensa es indispensable para determinar la libertad o la reclusión de un procesado, por lo que es muy importantes que se brinde garantía de tener derecho a un abogado y así eliminar la defensoría al mejor postor.

Advirtió que el coyotaje origina irregularidades en la procuración y la administración de justicia, en detrimento de la ciudadanía, el entorpecer al procedimiento en un gran número de casos.

“Evitar el coyotaje es una lucha que se ha venido dando entre los profesionales del derecho y quienes no lo son; no es verdad que los pseudo abogados de pasillo sean precisamente de la confianza del inculpado, son contratados debido al bajo costo que cobran por sus actividades que a la larga resultan más caras que contratar a un profesional.

El diputado Guízar Valladares recordó que en el 2003, el Procurador de Justicia del estado de Veracruz, ante el incremento de las quejas por deficiencias en los procesos penales provocados por el coyotaje, ordenó que la asistencia legal en declaraciones ministeriales de un denunciado tendría que ser de un abogado con título o documento suficiente que justifique su ejercicio profesional.