Aprueban viaje presidencial para el 8 de mayo
La Cámara de Diputados desechó, por 292 votos en contra, 80 a favor y 5 abstenciones, las reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, al considerara que no era aceptable que “por el hecho de faltar a la confianza se pudieran destituir a funcionarios de primer nivel de la actual administración”.

Desde tribuna, el diputado Víctor Hugo Islas Hernández (PRI) precisó que los cambios pretendían limitar el Servicio Profesional de Carrera (SPC) hasta el nivel de director de área; la supresión de los niveles de director general y homólogos; abarcaría mil 600 plazas de 43 mil.

Dijo que el SPC es un proyecto viable que a mediano y largo plazo obliga a reclutar a los mejores recursos humanos disponibles para gestionar las responsabilidades del gobierno.

Explicó que la implementación del SPC debe darse a través de un proceso gradual, descentralizado y cuidadoso, no obstante, indicó que la ley estableció un ámbito amplio a realizarse en muy corto plazo, cuyo resultados no pueden lograse en menos de tres años de entrada en vigor.

No es posible, dijo, superar el déficit de ilegalidad e imprecisión de atribuciones, perfiles y responsabilidades de casi 43 mil plazas en breve lapso, porque no existe en el catálogo de puestos ni manuales de organización.

Islas Hernández calificó de poco serio que en los próximos cinco meses el gobierno pretenda certificar el 44 por ciento de las plazas de casi 22 mil. “Advertimos, añadió, un grado de discrecionalidad que ha cargado de sospecha la forma en que opera el servicio”.

Explicó que el resultado de casi 2 mil 200 plazas ocupadas, cerca de mil 400, sobre todo, directores generales y delegados, se ha nombrado con libre designación y al margen de lo que marca la ley.

Por su parte, el diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM) indicó que el dictamen contraviene el espíritu con el cual se creó el servicio como instrumento jurídico que permita reconocer los méritos de servidores públicos en el ejercicio de su actividad profesional.

Explicó que los cambios de personas o partidos políticos en la conducción de la Administración Pública Federal implica la sustitución de funcionarios de todos los niveles sin tomar en cuenta a los de experiencia y recurrir a la contratación de amigos.

El diputado Rafael Flores Mendoza (PRD) afirmó que la ley se aprobó por todos los partidos, pero con diversos errores porque se retomaron legislaciones de otros países, además de que se incluyeron a directores generales y delegados federales.

Por ello, propuso derogar el inciso A del artículo 5° de la ley para excluir de la misma a los funcionarios señalados, porque de mantenerse como está, el próximo Presidente sólo podrá designar a 179 servidores públicos.

Permiso al presidente Vicente Fox

También la Cámara de Diputados aprobó, por 345 votos, el permiso constitucional para que el presidente Vicente Fox Quesada pueda ausentarse del territorio nacional, el 8 de mayo, a fin de realizar una visita a la República de Costa Rica para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en ese país.

El dictamen señala que el pasado 5 de febrero, en elecciones presidenciales de Costa Rica, se eligió como nuevo Presidente al doctor Oscar Arias para el periodo 2006-2010 y que la presencia del mandatario Vicente Fox responde a una invitación hecha por su homólogo electo.

El documento del Ejecutivo menciona que estos comicios no sólo reafirmaron una de las democracias más antiguas y sólidas de la región, sino que profundizan en el avance democrático en toda América Latina y el Caribe.

Agrega que la presencia del Presidente mexicano en dicha ceremonia confirmará el interés de nuestro país en la relación bilateral y constituye una oportunidad para establecer los primeros contactos políticos al más alto nivel con el nuevo mandatario y su gobierno.

Otorgan acervo patrimonial a la CNDH

También el Pleno camaral avaló, por 348 votos, el dictamen de la Minuta que reforma el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para regularizar los bienes inmuebles que fueron utilizados por la Dirección General de Derechos Humanos, área de la Secretaría de Gobernación que evolucionó para crear el actual organismo autónomo.

Para ello, se deberá realizar el procedimiento administrativo correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales.

La propuesta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dará certeza jurídica respecto al acervo patrimonial de la CNDH y dotarla de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

El documento establece que las atribuciones de los órganos encargados de velar por la promoción y defensa de los derechos humanos fueron delegados a la CNDH, no obstante, dicho procedimiento no se realizó para destinar los bienes inmuebles a favor de la misma.