Diputados aprobaron, por 312 votos, reformas a la Constitución para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pueda promover acciones de inconstitucionalidad cuando leyes o tratados contravengan garantías individuales dentro del ámbito de su competencia.

Las modificaciones al artículo 105 constitucional dotan al órgano autónomo de la facultad para solicitar la ejecución de dicha figura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien determinará si una ley es violatoria de derechos individuales.

La CNDH podrá recurrir a esa facultad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal o el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución.

También los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas podrán ejercer, dentro de su esfera de competencia, las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes emitidas por legislaturas locales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobado durante la sesión de hoy, precisa que el hecho de conceder facultad a la CNDH para promover ese tipo de acciones no es contrario a su naturaleza y funciones.

Lo anterior, porque aunque la acción mencionada sea un control procesal constitucional con la característica de que sus resoluciones son abstractas, la CNDH no será la que resuelva, sino que sólo tendrá la facultad de excitar al órgano jurisdiccional constitucional para que inicie el procedimiento.

Con la adición de un inciso G a la fracción II del artículo 105 de la Carta Manga, se fortalece a ese organismo autónomo y la vigencia de los derechos humanos en el país, además de que se hace un pleno reconocimiento a la independencia y soberanía de la Corte como Tribunal garante de la Constitución.

Fundamentación

Al fundamentar el dictamen, el diputado Antonio Morales de la Peña (PAN), dijo que el artículo 110 constitucional establece quiénes pueden promover acciones de inconstitucionalidad, de ahí que el propósito de la reforma sea incorporar en dicho precepto a la CNDH.

Explicó que el 31 de diciembre de 1994 se modificó el artículo 105 de la Carta Magna para consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal con facultades para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ello, precisó, para brindarle un mayor reconocimiento institucional y político.

En tanto que, agregó, con los cambios al artículo 102 de la Constitución en enero de 1992 se facultó al Congreso y las legislaturas estatales para la creación de la CNDH y organismos similares en las entidades federativas.

Morales de la Peña explicó que conceder facultad al órgano defensor de los derechos humanos para promover acción de inconstitucionalidad no es contrario a su naturaleza y funciones, porque aunque dicho procedimiento es un control procesal cuyas resoluciones son de efectos generales, la Comisión no será la encargada de resolver el asunto.

El diputado aclaró que la reforma fortalecerá a la Comisión en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos y que la tutela de normas constitucionales sea de manera eficaz.

Por su parte, el diputado Rogelio Rueda Sánchez (PRI) dijo que al otorgar esa facultad al órgano defensor de los derechos humanos se cumple con su función en la preservación de garantías de los mexicanos y se fortalece el sistema de control constitucional.

Precisó que esa figura sólo la pueden presentar las Cámaras de Diputados y Senadores, los congresos estatales, el procurador General de la República, los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los partidos políticos.

El diputado Francisco Valdez de Anda (PAN), indicó que la aprobación del dictamen es un avance en la defensa de los derechos de las personas, por lo que es necesario que la CNDH pueda interponer acciones de inconstitucionalidad y que la Corte defina sobre ello.

En tanto, el diputado Arturo Nahle García (PRD) precisó que esas acciones de inconstitucionalidad las puede promover el 33 por ciento de los integrantes de cada cámara del Congreso, de los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Con la reforma, indicó, se fortalece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la de los estados, el Poder Judicial de la Federación y el sistema de división de poderes, al conocer la Corte sobre acciones inconstitucionales.

Finalmente, el diputado Pedro Vázquez González (PT) dijo que los cambios a la Constitución legitiman a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con un elemento más para la defensa de las garantías individuales.