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Boletín N°. 2942 Se agravó la situación del campo desde enero de 2003 con la entrada de productos estadounidenses

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• El 2008 será más peligroso por la liberación de impuestos a maíz blanco, frijol, leche en polvo y azúcar

Tres millones y medio de familias campesinas, ejidatarios y comuneros, poseen 103 millones de hectáreas; mientras que dos millones de productores privados son dueños de 74 millones de hectáreas, que representan 89 por ciento de la superficie total del país.

Según especialistas, el sector rural es uno de los más débiles dentro de la economía mexicana y la crisis en que se encuentra se acentuó el 1 de enero de 2003, cuando los productos agropecuarios y forestales provenientes de Estados Unidos comenzaron a ingresar exentos de todo arancel.

Aunado a esto, la preocupación de los campesinos radica en el hecho de que dentro de tres años, desde el 1 de enero de 2008, será liberado de impuestos el maíz blanco, fríjol, leche en polvo y azúcar, importados de Estados Unidos.

Ante ello, legisladores, presidentes e integrantes de las comisiones del sector rural de México decidieron integrar un órgano amplio y multipartidista que promueva y defienda las políticas públicas.

Asimismo, buscan crear propuestas congruentes con los programas sectoriales e institucionales relativos a la agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca, recursos hidráulicos, medio ambiente, asuntos indígenas y la reforma agraria.

Esto debido a que, según su perspectiva, no se han cumplido diversos compromisos suscritos a través del Acuerdo Nacional para el Campo. Además, argumentan que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es blanco de reiteradas violaciones e incumplimientos.

El documento presentado por el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Miguel Luna Hernández, señala que en las zonas rurales habita 25 por ciento de la población total del país, de los cuales el 60 por ciento viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Esta realidad llevó a los legisladores federales y locales de todo el país acordar la creación de la Conferencia Parlamentaria para el Desarrollo Rural y el Medio Ambiente, a fin de que sea un órgano deliberativo de carácter permanente con personalidad jurídica propia a nivel nacional.

Uno de los objetivos primordiales será pugnar por la Constitución de Fondos Estructurales para el Desarrollo rural de México, que apoye a productores agropecuarios y fortalezca sus capacidades tecnológicas, comerciales y organizacionales que les permita incorporarse en los mercados internacionales en igualdad de condiciones.

 
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