Con el objeto de otorgar facultades a la Comisión de Federal de Competencia (CFC) para prevenir y sancionar las actividades monopólicas y así proteger la libre concurrencia en los mercados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 310 votos favor, cero en contra y cinco abstenciones, reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Las reformas planteadas en el dictamen de la Comisión de Economía tienen el propósito de beneficiar la economía nacional al aumentar las oportunidades de negocios para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Propone endurecer las multas como medidas de sanción, para frenar conductas anticompetitivas de los agentes económicos, ya que actualmente “son irrisorias” para quienes abusan de su poder de mercado, pues la renta monopólica es superior en la mayoría de los casos.

Plantea que si un agente económico ya fue sancionado dos veces, la CFC podrá ordenar la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones para que no tenga poder sustancial en el mercado relevante. Se propone que lo recaudado por multas sea destinado a los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Habilita a la CFC a investigar la existencia de prácticas monopólicas; solicitar a las autoridades judiciales competentes la autorización para realizar visitas de verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos archivos e información generada por medios electrónicos para comprobar el cumplimiento de esta y otras disposiciones aplicables.

Discusión y votación en lo particular:

Posteriormente, se avalaron con 303 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, las modificaciones propuestas por los diputados Adrián Villagómez García (PRI), Nora Elena Yu Hernández (PRI) e Isidoro Ruiz Argáiz (PRD).

Con la propuesta del diputado Adrián Villagómez García, se adicionó un párrafo segundo a la fracción VII del artículo 10 para establecer que cuando se trate de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo medio total y el costo medio variable se distribuirán entre todos los productos o co-productos.

La diputada Nora Elena Yu Hernández propuso modificar los artículos 27, 28 y IV Transitorio. Estipula en la modificación al 27 que los comisionados serán designados para desempeñar sus puestos por 10 años no renovables y sólo podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada.

En cuanto al artículo 28, propuso que el presidente de la Comisión fuera designado por el titular del Ejecutivo Federal por seis años, al término de los cuales concluirá su periodo de 10 años como comisionado. En el articulo IV Transitorio, planteó adicionar un último párrafo para estipular que las modificaciones a los artículos 26, 27 y 28 serán aplicables sólo a los nombramientos posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

El cambio al artículo 37 de la Ley Federal de Competencia Económica propuesto por el diputado Isidoro Ruiz Argáiz establece que la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el artículo 36 y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones por la parte que sea necesaria para que el agente económico no tenga poder sustancial en el mercado relevante.

En cuanto a la fracción II, propone establecer un plazo menor de 10 años para poder considerar que un infractor ha sido sancionado dos veces. Aprobado en lo general y en lo particular se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales.

Evitar prácticas usureras de casas de empeño

Con el fin de otorgar mayor certeza jurídica a las personas que solicitan préstamos de dinero en las casas de empeño y evitar prácticas usureras, se aprobó por unanimidad de 306 votos el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código de Comercio.

El documento de las comisiones de Hacienda y Economía reconoce que el crédito otorgado a las personas que acuden a esas casas de empeño es caro, derivado de las altas tasas de interés y las condiciones gravosas que se establecen en los contratos respectivos, lo que afecta a las personas que se encuentran en situación precaria.

Estarán sujetas al control de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la cual deberán obtener su registro. Señala que dado que su actividad es de naturaleza mercantil, deben estar excluidas del marco financiero. Se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales

Sin costo, registro de títulos y obtención de cédula profesional

Enseguida, se aprobó por 307 votos y dos abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 13 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, y 85 de la Ley Federal de Derechos, para establecer la gratuidad del trámite de obtención de la cédula profesional e instruir un solo servicio para el registro de títulos profesionales, pudiéndose realizar gratuitamente en cualquier entidad del país.

Licitación pública

Para mejorar el marco legal del sistema de adquisiciones por licitación pública, fortalecer la actuación de la Secretaría de la Función Pública, proveer de mayor transparencia y una cultura de prevención de la corrupción, además de crear mayor certeza y apoyo para el desempeño de los servidores públicos, se aprobó por 364 votos en pro y cinco abstenciones el dictamen de reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El documento actualiza los nombres de las secretarías de la Controlaría y Desarrollo Administrativo por el de Función Pública y el de Comercio y Fomento Industrial por el de Economía. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Ley de Navegación y Comercio Marítimo

Igualmente se avaló con 363 votos en lo general, el dictamen a la Minuta con proyecto de decreto de Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con el objetivo de regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.

El documento sienta las bases para la reactivación de la marina mercante nacional, a fin de dar solución a la problemática que enfrenta este sector, para lo cual se delimita el tiempo durante el cual las embarcaciones extranjeras podrán realizar navegación de cabotaje en nuestro país, cuidando que ello no genere desabasto.
Reservas aprobadas

Se aprobaron por 252 votos los artículos reservados. La diputada Irma Figueroa Romero (PRD) reservó los artículos primero, párrafo II, 3°, inciso c; 8° fracciones II, XVII y XX y el noveno, fracciones VII, VIII y XXII.

En su intervención indicó que en el artículo primero, el Senado de la República insertó un segundo párrafo, que dice: “los sujetos bienes, actos y hechos relativos a la navegación pesquera se regirán por esta ley y sus reglamentos, lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia pesquera comercial”, por lo que consideró que esa redacción provoca confusión y limitaciones. Propuso suprimir el párrafo que insertó el Senado.

Planteó que se expide las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la marina mercante; ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se afecta la eficiencia del puerto y recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones laborales de los tripulantes y trabajadores de las embarcaciones.

A su vez, el diputado Sebastián Calderón Centeno (PAN) reservó el artículo 31. Propuso que la formación del personal de la marina mercante en las escuelas náuticas y en el barco escuela deberá seguirla, organizarla e impartirla el Gobierno Federal mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no por instituciones privadas como pretende el citado artículo. El dictamen se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales.