• Incluye la declaración patrimonial de la señora Marta Sahagún

La Comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública y concesiones otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación social a Construcciones Prácticas S.A. de C.V., recibió del titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, tres expedientes con la información requerida en torno a la investigación que realiza.

Dicha información corresponde a la competencia de los comisarios adscritos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); la situación patrimonial de la esposa del Presidente de la República, Marta Sahagún y sobre la empresa Oceanográfica.

El presidente de la Comisión investigadora, diputado Jesús González Schmal (Convergencia) indicó que en las próximas horas revisarán la documentación recibida y que, de ser la esperada, servirá para complementar la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República en contra de los hijos de la esposa del Presidente de la República.

González Schmal recordó que la anterior Comisión investigadora pudo alcanzar conclusiones sobre la indagatoria, mismas que fueron enviadas al Presidente de la República, por lo que le solicitaron diversos trámites y uno de ellos fue turnar el expediente a la Secretaría de la Función Pública para investigar y en su caso sancionar lo relativo a presumibles irregularidades por parte de servidores públicos involucrados en el tráfico de influencia.

Del mismo modo, se le solicitó que lo turnara a la Procuraduría General de la República, para abrir la averiguación previa en contra de personas físicas o morales sin tener el carácter de servidores públicos.

“El presidente de la República sólo turnó a la SFP el informe pero no lo hizo ante la PGR, por lo que esta comisión se vio en la necesidad de hacer la promoción directa ante la instancia. Dicha denuncia se ratificó y se radicó en el procedimiento de la averiguación previa”, subrayó.

El legislador de Convergencia mencionó que servirá de mucho la información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública en caso de ser requerida por la PGR para concluir el proceso.

En la comparecencia y al hacer entrega de la información, el funcionario indicó que el único interés que mueve a la Secretaría de la Función Pública es que se cumpla la ley y para dar respuesta a la solicitud de los diputados fue necesario identificar y clasificar la documentación contenida en 8 cajas, 24 mil 641 fojas impresas, 114 discos compactos, 1 audiocasete y 11 discos de 3 ½.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, Romero Ramos rechazó que la dependencia que encabeza tenga prejuicios o consignas, además de que no se esconde información ni tampoco se actúa con dilaciones.

“Estamos apegados al proceso que nos marcan las leyes. Nos interesa, como a ustedes, una sola verdad, la de los hechos y de su apreciación legal”.

González Schmal dijo al titular de la SFP que mediante subasta pública, el 1 de abril de 2004, Construcciones Prácticas adquirió el predio rústico Los Pirules, para lo cual, la operación fue garantizada mediante un cheque, el número 9564648 del banco HSBC por la cantidad de un millón 303 mil 683 pesos 30 centavos, girado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.

Asimismo, prosiguió, el 29 de abril de 2004, Construcciones Prácticas adquirió del IPAB 275 departamentos en Puebla en el condominio conocido como Santa Catarina, habiendo garantizado parte de la oferta mediante el cheque 218476450 de Banamex por la cantidad de 4 millones 410 mil pesos, girado por Alberto Durán Aramburu, “quien por cierto adquirió posteriormente las acciones del grupo inmobiliario Quilate, que era propiedad de Manuel Bribiesca Sahagún.

En este tenor, cuestionó al funcionario: “¿no conocía su Secretaría que Construcciones Prácticas pagó las operaciones con cheques girados por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún y Alberto Durán Aramburu?”

“¿Qué informe rindió a la SFP el responsable del órgano interno del control del IPAB en relación con las subastas en las que participó la empresa Construcciones Prácticas? Sobre todo, porque el IPAB nos ha mandado un informe del libro blanco de dichas subastas perfectamente arreglado para que todos los datos importantes estén ocultos”, preguntó el diputado.

En respuesta, Romero Ramos dijo que no ha sido el IPAB, de manera directa, quien ha organizado las subastas en las que se dan las adquisiciones de cartera o de bienes inmuebles por parte de Construcciones Prácticas, sino que ha sido un mandatario, una administradora privada llamado Tercero Especializado, autorizado por la Ley del IPAB la que conduce estos procesos de subasta y que concreta las ventas.

La SFP recibe un reporte de cada una de estas ventas y se turna al comisario así como a la junta de gobierno del IPAB.

“Dentro de la auditoría, se revisó el proceso de enajenación de siete paquetes de ciertos créditos comerciales en los que resultó ganador de uno de ellos Construcciones Prácticas y los resultados se dieron a conocer en un informe al secretario ejecutivo del IPAB y la SFP determinó que no había observación alguna”, manifestó el funcionario federal.

En su turno, la diputada Martha Palafox Gutiérrez (PRI) dijo que la comisión no tendría tanto interés en escudriñar para que la sociedad y la población tenga una información clara y concreta de los asuntos en los que están involucrados los hijos de la familia presidencial, si no supiera que detrás del IPAB hay ciudadanos que perdieron su patrimonio.

Agregó que no hubo un ente con sensibilidad para poder devolver su propiedad a quienes por diferentes razones no pudieron pagar, y sí el abuso y la impunidad en los que se cobija la familia de la señora Martha en la Presidencia de la República. “Con esa impunidad y ese abuso disponen de algo que atrás trae mucho dolor, mucha frustración, mucha impotencia”, expresó.

Añadió que “tal parece que unos hacemos como que nos engañamos y otros como que no creemos o como que preguntamos y como que contestamos”.

A su vez, el diputado Carlos Pano Becerra (PRI) preguntó sobre los avances de las auditorías solicitadas por la comisión respecto a la empresa Oceanografía.

En respuesta, el funcionario dijo que la dependencia trabaja en todas las investigaciones y los puntos de acuerdo, en las conclusiones que se contienen en el informe que le remitió la Cámara de Diputados.

Mencionó que la dependencia a su cargo ha escogido el camino de la contratación externa de auditores y de testigos sociales, y que está próxima a decidirse quiénes son los despachos que habrán de hacer las auditorías de tipo legal y financiero, por lo que en la primera o segunda semana de mayo tendrá los que han de auditar

Reconoció que hay críticas en el sentido de que la Secretaría a su cargo podría estar dilatando sus tareas maliciosamente y señaló “yo quiero asegurar que nos ha movido el ánimo de si no ser transparentes, tratar de lograr el máximo de objetividad a través de auditores externos y un testigo social en cada auditoría, para construir credibilidad en torno a las conclusiones a que se lleguen y apegarnos a la legalidad”.

Añadió que una parte fundamental debe terminarse a principios de junio y otra a mediados de ese mes.

El diputado Pano Becerra en su réplica preguntó si la Secretaría no tiene la capacidad para realizar esas auditorías y qué criterios se utilizan para la selección de los despachos, a cuanto asciende el costo de cada auditoría y cómo se garantiza la ausencia del conflicto de intereses de los seleccionados.

En una segunda ronda, la diputada Martha Palafox Gutiérrez consideró que es irregular que Fénix se haya constituido como el principal colocador de cartera y subastador de inmuebles del IPAB.

Preguntó que, dado que las operaciones con Construcciones Prácticas involucran a Banorte, antes Bancrecer, a Fénix y al IPAB por haber sido dueño de Bancrecer, qué opinión tiene la dependencia respecto a la contratación de Fénix por parte del IPAB y si se viola la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Competencia por la exclusividad que se le otorga.

Al respecto, el funcionario informó que los bienes que permanecían para liquidación y saneamiento del rescate bancario, todos aquellos activos de los bancos, como el caso de la cartera que estuvo cobrando Fénix, son créditos que no se consideran afectos de la legislación de Bienes Nacionales.

Agregó que la ley del IPAB estableció un régimen para la enajenación de esos bienes, autorizó a la junta de gobierno para que expidiera el programa de enajenación y administración de lineamientos para la subasta. Por ende, no corresponde en este caso invocar la aplicación de la Ley de Adquisición y de Obra Pública.

Indicó que cuando la cartera que administraba Fénix que era de Bancrecer la trasladan a un fideicomiso del cual es el titular el IPAB, pasa para dejarlo sólo con activos buenos como un buen banco apto para su venta.

Añadió que la junta de gobierno consideró idóneo mantener a Fénix administrando esta cartera, por una serie de razones que son a juicio de la Secretaría correctas; “no hemos hecho objeción alguna porque Fénix no tiene un comportamiento malo en comparación con otros liquidadores de cartera de bancos que fueron saneados”.

Finalmente el diputado Jesús González Schmal expresó sus objeciones respecto de los despachos seleccionados para hacer las auditorías. Dijo que el despacho de Galaz, Ruiz Urquiza y Yamazaki fue auditor de Fobaproa, el antecedente del IPAB, y estuvo involucrado en el conflicto para dar información a la Cámara de Diputados, incluso al mismo auditor Michael Mackey.