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• La tecnología es la herramienta que propiciará el avance nacional

A fin de elevar la productividad económica e incrementar el ingreso nacional, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas de Base Tecnológica, la cual propiciará el desarrollo de las actividades y sectores económicos que aplican conocimientos científicos y tecnológicos con fines comerciales.

La nueva ley, según el dictamen de las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, promoverá el desarrollo de una cultura empresarial orientada a la innovación tecnológica para aumentar el desempeño competitivo y la productividad en las empresas e instituciones de los sectores prioritarios, con lo cual se incrementará el número de científicos e inventores.

Asimismo, plantea la generación de una política de fomento para este sector clave en el futuro del país y establecer las bases que induzcan y coordinen esfuerzos que han permanecido dispersos, aislados y al margen de apoyos significativos.

Se reconoce que para 2006 el gasto público federal en investigación y desarrollo apenas alcanzará el 0.33 por ciento del Producto Interno Bruto, y a pesar de que se ha incrementado en términos reales en la última década, “México no ha establecido un verdadero programa para hacer que la ciencia sea parte de la cultura nacional e integrarla a los ciclos y aspectos educativos”, además del reducido interés del sector privado y la industria por generar conocimiento, pues por razones económicas prefieren importar procesos y tecnología.

En el proyecto se establecen mecanismos a través de los cuales las autoridades federal y estatales realizarán un diagnóstico de los estados para obtener información y catalogar los sectores prioritarios, focalizar los recursos a las actividades y regiones que contribuyan en mayor medida en el desempeño competitivo.

La ley contempla una nueva forma de política de desarrollo, aporta los instrumentos federales de fomento en manos de los estados y los integra como agentes activos en la formulación de la política nacional en la materia. “Es un nuevo concepto de federalismo participativo que responde, no sólo a las aspiraciones que emergen de una realidad nacional renovada, sino también a los cambios profundos que han experimentado los procesos económicos en el mundo”.

El ordenamiento se organiza en cinco capítulos, el primero de ellos, establece el objeto de la ley, señala a la Secretaría de Economía como la autoridad encargada de la aplicación de la misma y enuncia los objetivos particulares.

El Capítulo Segundo determina que la política nacional en esta materia tendrá un período de 12 años como horizonte de largo plazo para sus objetivos y estrategias, pero sus metas y acciones específicas se ajustarán a los tres y seis años inmediatos. Además, contempla que la evaluación de las políticas se realizará cada tres años y en el Programa Especial se definirán los sectores prioritarios para el desarrollo nacional a partir de sus impactos en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía nacional, en este ámbito.

El Capítulo Tercero instituye que los éstos se condicionarán a la firma de un Convenio con la Secretaría de Economía que establecerá los montos de aportación y los compromisos de las partes. Para que se reciban estos apoyos se deberá presentar un programa que refleje la vocación y madurez regional de la entidad y establezca las acciones, metas y compromisos que serán alcanzados.

En el Capítulo Cuarto se plantea la creación del Fideicomiso para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, a fin de canalizar los recursos financieros para una estrategia nacional de largo y mediano plazo, así como facilitar la programación de los programas y proyectos, propiciar el desarrollo de estas empresas y sectores prioritarios.

En el Capítulo Quinto, se determina la formación del Consejo Consultivo para la Innovación y el Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, con el fin de otorgar un sentido federalista y participativo a la política de fomento a la innovación y al desarrollo de empresas y actividades de base tecnológica, el cual lo integrarán el Secretario de Economía, los representantes de las entidades federativas, del Distrito Federal y los municipios, cuando hayan suscrito Convenios de Coordinación Regionales, y los representantes de los organismos o instancias responsables o ejecutoras de los sectores prioritarios.