Es necesario rediseñar el régimen de responsabilidades de los funcionarios; los índices de impunidad siguen siendo altos, afirmó

El verdadero éxito en el combate a la corrupción radica en un rediseño del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, ya que éste no puede fundarse en un sistema de cárcel y carceleros, sino en privilegiar la evaluación y creatividad de los empleados en el desarrollo de sus funciones.

Así lo señaló el doctor Guillermo Haro Bélchez, Secretario General de la Cámara de Diputados, durante su participación en el diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, donde aseguró que “nuestro régimen de responsabilidades se ha desarrollado de manera desigual, porque hemos invertido mayor tiempo en especificar las obligaciones y en menor proporción los derechos de los servidores públicos”.

En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, Haro Bélchez dijo que prevalecen tres problemas que deben resolverse: el primero, relativo al órgano responsable de enfrentar la corrupción; el segundo, la designación del titular del órgano de control interno y la estrategia adoptada en relación con los problemas detectados; el tercero, respecto de los programas para resolverlos.

En la primera problemática, dijo, en el Poder Legislativo este tema está zanjado por una designación que pasa por un proceso de selección que tendría que ser avalado por las dos terceras partes de los diputados; “pero esto no sucede porque la designación recae directamente en el titular del Ejecutivo.

“Nuestra propuesta va en el sentido de colocar candados en la designación para que recaiga no únicamente en una persona que tenga el perfil, sino que pase por el tamiz de la Cámara de Diputados, que sea una designación compartida en la que esté involucrado el Poder Legislativo”, explicó Guillermo Haro.

Respecto a los problemas detectados y las acciones que se emprenden, “nosotros proponemos una reforma extrapolable, donde en los poderes estatales y municipales, la designación tendría que hacerse por acuerdo de los cabildos, y ello daría mayor certidumbre y legitimidad de la persona designada a esta tarea de control interno”.

La mayor parte de los diagnósticos que se hacen para abordar el tema de la corrupción y definir la estrategia para combatirla no han valorado las experiencias del pasado y, por su poca continuidad, no se han identificado las causas y efectos de la impunidad.

En el tercer conjunto de problemas, referente a los programas que se adoptan, Guillermo Haro Bélchez comentó que hasta el momento no hay una señalización clara de la fijación de prioridades y objetivos sobre el tema.

“Estos tres conjuntos de problemas han impedido el crecimiento y desarrollo del régimen de responsabilidades; en nuestra opinión tiene que reformarse con un nuevo marco normativo que ponga fin a los vicios de la corrupción a fin de mejorar los sistemas de designación del responsable del Ejecutivo en las políticas de combate al cohecho, afinar los diagnósticos y entrelazar las estrategias y vincularlas a los programas”, explicó.

El Secretario General de la Cámara expresó que es urgente esta reforma porque a pesar de los esfuerzos en todos los ámbitos de gobierno, de acuerdo al Programa Nacional Anticorrupción que elaboró este gobierno, “todavía tenemos pobres resultados, ya que nos quita el nueve por ciento del Producto Interno Bruto el costo total de la corrupción”.

Mencionó que, de acuerdo con datos avalados por Transparencia Mexicana, más del 60 por ciento de la población percibe que los gobiernos en su conjunto no combaten la corrupción con firmeza ni fuerza, por lo que se hace necesario actualizar el régimen de responsabilidades.

“Podemos afirmar que hoy en día el régimen de responsabilidades no ha dado los resultados que la sociedad espera. Los índices de impunidad siguen siendo altos. Requerimos de mayor especialización de las autoridades competentes en la aplicación de la ley para fortalecer nuestras instituciones”.

Finalmente, Guillermo Haro Bélchez se pronunció porque en los estados se impulsen leyes que regulen la responsabilidad patrimonial del Estado a fin de responsabilizar a los funcionarios que causen daños con su actuación.