La Comisión de Vigilancia se reunió con fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el análisis del informe de la Cuenta Pública 2004, en la que se hicieron observaciones por un monto de 33 mil 157 millones de pesos.

Los legisladores cuestionaron sobre las auditorías a los sistemas de jubilaciones y pensiones; Banrural, el Ipab-Fobaproa; Lotería Nacional, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, Pidiregas, Pemex y CFE, entre otros.

Al iniciar la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Miguel Alonso Raya (PRD), presidente de la Comisión de Seguridad Social, se refirió a la auditoría realizada a los regímenes de jubilaciones y pensiones y pidió a los fiscalizadores ir más al fondo del asunto.

Destacó que en materia de recursos financieros erogados en 2004, en Luz y Fuerza del Centro éstos representaron un monto mayor en 105.2 por ciento respecto al ejercicio en la nómina de los trabajadores activos. En Nafin significaron 85.9 por ciento, en Banobras 79.8 por ciento y Banxico 70.4 por ciento.

Los montos máximos de pensión mensual se registraron en Pemex y en la Banca de Desarrollo, la entidad que registró menor edad promedio en la jubilación fue el ISSFAM, con 42 años, y la mayor, la Suprema Corte de Justicia, con 80 años para los mandos superiores y 67 para los mandos medios.

En el caso del IMSS, no se hizo la evaluación del actual sistema de pensiones ni de los seguros que son deficitarios y de grave riesgo para el instituto, como es el caso del seguro de enfermedades y maternidad y del gasto médico a pensionados y que son pasivos superiores a los que menciona la ASF.

“Hay algunos montos específicos de pensiones que valdría la pena aclarar a quién se les entregan, pues tan sólo en el Banco de México se establecen pensiones mensuales de 159 mil 762 pesos como máximo; Bancomex, de 173 mil 226 pesos; Bansefi, de 110 mil 530, Banobras, de 127 mil 263 y Nafin, de 135 mil 640, y se dice que en general están fondeados”, argumentó el diputado perredista.

En el caso de Pemex, dijo, las pensiones llegan hasta 180 mil pesos, por lo que se debe esclarecer quiénes gozan de ellas.

“No se revisan las pensiones de los ex presidentes, lo de la Financiera Rural y valdría la pena que se explicara por qué la ASF no lo hizo”.

En su turno, la también diputada del PRD, Dolores Padierna Luna, cuestionó sobre los Pidiregas, sobre todo, indicó, porque lo que resalta la ASF es el incremento impresionante del uso de estos instrumentos a lo largo de este sexenio.

“Tan sólo en la Comisión Federal de Electricidad, en el 2001 significaron el 6.3 por ciento y en el 2004 subieron la oferta total brindada por el Estado a 27.6 por ciento”.

En la producción de hidrocarburos, se pasó de 49.6 por ciento de la oferta a 86.9 por ciento y caso extremo es la producción de gas natural, donde los Pidiregas pasan a representar del 41.3 por ciento de la oferta al 97.6 por ciento. “Dicho en otras palabras, es la iniciativa privada, bajo estos esquemas, las que está financiando casi el 100 por ciento del gas natural, el 90 por ciento de los hidrocarburos y el 30 por ciento de la producción de electricidad”.

Preguntó también sobre el por qué no se habla de los proyectos de inversión condicionada, sobre el estado que guardan los Pidiregas, pues sólo se menciona la inversión directa.

En relación al fondo de estabilización de los ingresos petroleros, hay dos asuntos fundamentales: primero, en el PEF no se establece que se puedan autorizar ni liquidar anticipadamente la contratación de coberturas petroleras y hubo un gasto en el 2004 de 7 mil 149.9 millones de pesos que se pagaron de dicho fondo.

Habló también del caso de Financiera Rural del que resaltó que se repiten los problemas del extinto Banrural, que está actualmente en quiebra y que ha costado a las finanzas públicas más de 34 mil millones de pesos.

“Y ahora, Financiera Rural, que es de nueva creación por este gobierno, en 2004 hay una sobreestimación de reservas por 71 millones de pesos; una alta concentración de los recursos hasta en 61 por ciento y operaciones irregularidades con la cartera vencida, entre otras”.

La diputada Blanca Gamez Gutiérrez (PAN) preguntó sobre lo ocurrido en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en donde,. dijo, hubo incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, además de que hubo falta de control en la entrega de los bienes a las entidades federativas, mismas que se hicieron cuando no había una necesidad urgente.

De acuerdo con la ASF, indicó la legisladora, la Secretaría de Gobernación no dio respuesta puntual respecto al informe de situación excepcional, se negó a remitir el informe ejecutivo de la auditoría realizada por el órgano de control de la propia dependencia, así como la practicada a la Coordinación General de Protección Civil en el 2003.

El argumento que da la Secretaría de la Función Pública es que esta información se encuentra reservada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. “¿Cuáles son los alcances de esta ley?, preguntó a los fiscalizadores.

Cuestionó también sobre las irregularidades detectadas en el Instituto Nacional de Migración y sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó que varios de los tratados internacionales no han sido registrados ante Naciones Unidas, por lo que no pueden entrar en vigor.

César Chávez Castillo (PRD) dijo, por su parte, que la Cuenta Pública 2004 arroja datos interesantes, como es el tema de la deuda neta y en la que la ASF detectó que la propia Secretaría de Hacienda tiene diferencias metodológicas para determinar la deuda neta. En este sentido, cuestionó a los auditores sobre esas diferencias.

Previo a ello, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla, refirió que en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Vigilancia, la Unidad preparó un documento con los resultados de 40 auditorías que fueron seleccionadas de un universo de 199 revisiones, de las cuales 75 correspondieron al sector hacienda, 46 a entes con funciones de gobierno y 78 a entidades federativas.

Destacó que los resultados del ejercicio de revisión a las auditorías seleccionadas revelan que la gran mayoría de ellas tienen un dictamen favorable en términos del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, el acatamiento a lo que establece el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de programas.

No obstante, añadió, se registró un amplio número de irregularidades que le dan salvedades a las conclusiones de la ASF, de las que comentó que en el sector de Hacienda y Crédito Público, la ASF señala que el PEF 2004 y por consiguiente la Cuenta Pública Federal no presenta indicadores estratégicos suficientes ni se incluyen indicadores de gestión ni de servicio, por lo que no fue posible evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos destinados al cumplimiento de los objetivos del presupuesto.

Asimismo, dijo, en las revisiones a Pidiregas, se detectó la omisión del Estado en los proyectos de inversión condicionada y del número de proyectos en operación, la falta de información clara y precisa sobre el seguimiento y evaluación de la rentabilidad de los proyectos en operación respecto de lo estimado en los análisis costo-beneficio y el flujo negativo que registraron dos proyectos de la Comisión Federal y uno de Pemex.

“Por otro lado, la ASF determinó que de 14 entes responsables de la operación de los principales regímenes de jubilaciones y pensiones del gobierno federal, Banxico, la Suprema Corte, Banobras, la Sociedad Hipotecaria Federal, Bancomext y Nafin, tienen un fondo para hacer frente a sus obligaciones de pago”, señaló.

Michel Padilla refirió que en el caso del ISSSTE, el monto del fondo apenas representó el 0.7 por ciento de la nómina pagada en ese año. En el caso de Pemex y CFE, el fondo alcanzaba para cubrir el 18.2 por ciento y el 41.3 de la nómina respectivamente.

“En el IMSS, Banjército y Bansefi, el monto del fondo fue insuficiente para cumplir con dicha obligación laboral; en el ISSFAM y la Compañía de Luz y Fuerza, no se cuenta con un fondo de pensiones y jubilaciones”, informó.

Añadió que las revisiones de la ASF determinaron que la Secretaría de Hacienda no cuenta con mecanismos que le permitan contar oportunamente con cifras definitivas de los conceptos que conforman el cálculo de los ingresos fiscales excedentes de conformidad con lo dispuesto en el PEF y se corroboró que éste no precisa de manera expresa la autorización y liquidación anticipada de la contratación de coberturas petroleras, lo que deja indefinido el que dicho recurso se ejerza de conformidad con las reglas señaladas.

Subrayó que en las revisiones al IPAB, el informe sobre la fiscalización del rescate bancario señala que la ASF deja sin efecto siete auditorías al Fobaproa-Ipab y no aplicará auditorías especiales distintas de las del año correspondiente para respetar áreas de principio, de anualidad y posterioridad y acatar el resultado de la controversia constitucional 91-2003.

“La ASF detectó también que el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la ley aduanera no cumplió con los objetivos ni las metas previstas en el contrato ni el programa anual de fideicomiso”.

Del mismo modo, el informe de la Unidad de Evaluación se establece que en la revisión a los derechos de trámite aduanero, la ASF determinó que el SAT no enteró a la Tesorería de la Federación 836.3 millones de pesos, ya que los canalizó al fideicomiso Aduanas 1, número 954 para el pago de los servicios de procesamiento electrónico de datos y del apoyo y control de despacho aduanero.

En las auditorías a entidades con funciones de gobierno, la ASF detectó, en la Cámara de Diputados, qué recursos no se erogaron en su totalidad para los fines autorizados; en la Secretaría de Gobernación no se cumplió con las disposiciones normativas aplicables al ejercicio de los recursos del Fondo Revolvente del Fonden, además de que esa dependencia no dio respuesta puntual respecto del informe de situación excepcional solicitado.

Entre otras auditorías revisadas, señala, está la de la Comisión Nacional del Agua, de la que la ASF señala que ésta no cumplió con el objetivo del programa para apoyar a las instancias estatales y municipales prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural de 27 entidades federativas.

En materia de seguridad pública, indicó Michel Padilla, la ASF considera que Readaptación Social no cuenta con indicadores para evaluar el impacto de las acciones respectivas en los sentenciados y debido a esto no es posible medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas constitucionales.

“Por lo que se refiere a las entidades federativas, las irregularidades relevantes detectadas por la ASF en los ramos generales 33 y 39 son recurrentes en cada uno de los fondos revisados”.

El auditor especial de cumplimiento financiero, Juan Manuel Portal Martínez, respondió a los cuestionamientos de los diputados. Se refirió al caso del Fonden y explicó que sin que existiera una declaración de desastres, se procedió a la aplicación del fincamiento de responsabilidades en dos casos.

Señaló que la ASF realizó reuniones con representantes de la Secretaría de Gobernación y que obtuvo información complementaria y se espera que en los próximos 15 o 20 días se recabe en su totalidad.

Sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, comentó que el Presupuesto de Egresos de la Federación en el artículo 25 establece que los recursos del fondo podrán utilizarse por la disminución de los ingresos de los derechos de la extracción del petróleo e hidrocarburos.

Agregó que la ASF determinó que hay discrecionalidad en el manejo, por lo que recomendaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerar en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la autorización expresa para la contratación y liquidación anticipada de coberturas petroleras.

Al referirse al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, el auditor afirmó que no fue entregada a la ASF todo el manejo de fidecomisos que controlaban la carteara que fue vendida por parte de los bancos al Fobaproa, efectivamente no había sido entregada a la ASF esa información que se refiere la condonaciones y castigos.

Referente a la auditoría realizada a Financiera Rural dijo que existen problemas en la concentración de los tipos de crédito y en determinadas actividades. En la concentración de carácter regional, en algunos la tasa que se está ofreciendo a quienes contratan es equivalente o superior la comercial. Además, precisó que sí hay recomendación específica para que se evalúen los proyectos.