• También son usados como transportadores de droga

De acuerdo a la Fundación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, 30 mil menores son víctimas de explotación sexual, quienes en su mayoría ejercen la prostitución en zonas turísticas; el 80 por ciento de ellos tienen entre 10 y 14 años de edad.

Así lo señala un dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se modificó el artículo 8 de la Ley General de Educación para que la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, incluya temas que eviten la violencia familiar y toda forma de explotación de los menores.

Puntualiza que este hecho es uno de los más graves males de la sociedad, la cual comprende desde lo sexual hasta lo laboral. Menciona que muchos son usados como transportadores de droga, con el propósito de mantener las redes de tráfico y comercialización.

Subraya que muchos niños de la calle en la Ciudad de México han sido utilizados para producir cintas pornográficas o para prostituirlos con pederastas tanto mexicanos como extranjeros.

El acuerdo aprobado por 362 votos a favor y 2 abstenciones, resalta que la política educativa a sido deficiente al inculcar valores sociales de la igualdad, respeto, solidaridad, identidad nacional, respeto del pasado y del compromiso social, así como el rechazo de cualquier forma de violencia y explotación.
“Se está perdiendo la batalla en la formación de verdaderos ciudadanos, puesto que hay instituciones que no son capaces de proteger a las mujeres, niños y niñas, condenándose a perder lo más importante de sí misma: su integridad, el destino y su futuro”.

Afirma que no es posible considerar el maltrato infantil, sea psicológico o corporal, como una forma de control y educación de los menores, o como método disciplinario y correctivo por parte de los adultos.

Establece que a pesar de que en los últimos tiempos estas conductas de violencia han sido condenadas, existen en la sociedad mujeres y niños que sufren de manera permanente actos de maltrato físico, psicológico y sexual en su propio hogar.

El dictamen añade que la intolerancia implica violencia, por lo que es indispensable establecer en la Ley General de Educación, el rechazo a la violencia intrafamiliar y, sobre todo, a las formas de explotación de los menores.