• Dar más facultades a los estados y municipios en este combate, logro importante: Ruiz Massieu y Córdova Villalobos

• Histérica, la reacción de Estados Unidos: John Wolsh, director de la Associate for Mexico, Security and Drug Policy (WOLA) EU

Con el fin de analizar los alcances y objetivos de la reforma legal sobre narcomenudeo que aprobó recientemente el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro La reforma legal en materia de narcomenudeo, organizado por las comisiones de Salud y Justicia y Derechos Humanos.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al inaugurar el foro afirmó que se pretende reconocer los puntos centrales que han pasado desapercibidos y que no han podido ser transmitidos totalmente a la ciudadanía. “Seguramente también podremos identificar aquellas cuestiones en las que hace falta trabajar con mayor fuerza para mejorar la ley”, señaló.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, subrayó que esta reforma fue aprobada por unanimidad en el Pleno. “Esta modificación llevó muchos meses de preparación y trabajo, de ninguna manera se legisló al vapor ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados”, expresó.
Las aportaciones que se sigan dando son útiles, dijo, sobre todo en temas tan controvertidos como éste. La conclusión es que legislamos con las aportaciones y la participación de todos los grupos de la sociedad.

En el foro, en el que participaron especialistas nacionales y extranjeros, John Wolsh, director de la Associate for Mexico, Security and Drug Policy (WOLA) indicó que la reacción por parte de su país en cuanto a la despenalización del consumo para uso personal en México, se le puede considerar como histérica, puesto que está fundada en la ignorancia de lo que dice la ley, y la percepción del gobierno al no permitir que ningún país de Latinoamérica dé un paso a la legalización.

Dijo que la cobertura en los medios y la reacción de los oficiales en aquel país está fundada más en los rumores que en la realidad. Añadió que un aspecto al sobredimensionarlo es que la palabra despenalizar y discriminalizar se traslada como legalizar y de ahí esa reacción.

Sostuvo que el principal temor del país del norte al despenalizar el consumo es debido a que el debate sobre las drogas es muy estéril y cerrado. Refirió que en el estado de California sí hay una despenalización del uso, siempre y cuando se tenga la voluntad de entrar a un programa de tratamiento.

Mencionó que la ley ha sido un esfuerzo para definir un balance de cómo proteger la salud pública, promover la seguridad pública y de definir los roles del Gobierno Federal y de los estados para combatir el narcomenudeo, aún cuando la ferocidad y el poder de los narcotraficantes grandes sigue en muchos aspectos.

Por otra parte, señaló que la política de encarcelamiento para combatir el narcomenudeo en Estados Unidos no ha logrado reducir la oferta ni el consumo de droga; tiene costos muy altos en términos fiscales, financieros, sociales y sobre la falta de confianza de la gente en el sistema judicial.

Añadió que al buscar la manera de enfrentar el narcomenudeo, México corre el riesgo de seguir esa misma política dura estadounidense, por lo que vale la pena reflexionar porque nuestro país tiene un índice de sobreexplotación penitenciaria y tendría que contemplar gastar mucho más dinero.

En tanto, Jorge Javier Romero, titular del departamento de política y cultura de la UAM Campus Xochimilco, dijo que la reforma no va a resolver ningún problema de salud pública, ni de adicciones; se trataba de hacer que los gobiernos de los estados y las policías municipales tengan facultades para detener a los narcomenudistas afuera de las escuelas o en las esquinas.

Argumentó que sería más benéfico desarrollar una política pública específica para educar a los jóvenes en torno a los riesgos de consumir drogas.

Asimismo, enfatizó que “criminalizar la posesión y el consumo es un instrumento que simplemente servirá para aumentar la corrupción y el chantaje; los que más van a sufrir esto son, como siempre, los más pobres, los que menos acceso a la información tienen”.

Señaló que el problema del narcotráfico se debe ver desde la perspectiva del mercado: de oferta y demanda. Si hay gran demanda y prohibición inmediatamente se genera el mercado negro, precisó.

Dijo que países como México y Colombia tendrían que convertirse en los espacios detonantes de una discusión mundial en torno de cómo enfrentar los problemas de las drogas.

“Desde mi punto de vista el mundo ideal sería la legalización, que no quiere decir liberalización, sino poner reglas, que el Estado obligue a su cumplimiento y diferencia entre tipos de drogas, y aborde el problema de las adicciones como un problema de salud pública con información, educación y campañas enfocadas a los más vulnerables que son los más jóvenes y a la población en general”.

Refirió que legalizar quiere decir que el Estado controle los mercados, que mantenga altos los precios a través de impuestos como lo hace con el tabaco, que genere espacios específicos para el acceso a las drogas diferenciándolas. “Hay que acabar con el mito moral del horror de las drogas y abordarlo desde una perspectiva moderna, científica de lo que pueden significar las adicciones como problema de salud pública”.

Mencionó que si hubiera un mercado legalizado y controlado por el Estado que tuviera programas de combate a las adicciones, a partir de política de información y educación, no habría incentivos para que estuvieran los narcomenudistas fuera de las escuelas.

Más adelante, Carlos Fazio, periodista, escritor y especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, dijo que México corre el riesgo de convertirse en un narcoestado o en un estado mafioso, debido al complicado tejido entre el crimen organizado y los aparatos del poder.

Añadió que existe históricamente una relación de subordinación de los agentes del crimen organizado con respecto del poder político. Partimos de la base de que el crimen organizado en México ha sido controlado y administrado por las autoridades políticas y por una élite de poder que son los verdaderos amos del negocio.

Indicó que las mafias del crimen organizado, de las que el narcotráfico es la expresión más visible, no son un fenómeno asilado de la sociedad o una conspiración de maleantes en un Estado limpio, sino más bien una especie de empresa, de carácter ilegal, con un pie bien implantado en los sectores cruciales: el mundo financiero, los negocios, el aparato judicial, los cuerpos de seguridad y hasta la clase política.