• No puede desperdiciarse el trabajo legislativo: Eliana García Laguna

• Bajo ninguna circunstancia se legaliza el consumo: Eduardo Medina Mora

Es factible que se publique el decreto de narcomenudeo, siempre y cuando se hagan las observaciones respectivas en una nueva iniciativa que no deje en la indefensión lo que fueron dos años de discusión ante la necesidad de ser concurrente en el combate al narcomenudeo, consideró la diputada Eliana García Laguna (PRD).

Durante la clausura del foro La reforma legal en materia de narcomenudeo, la legisladora sostuvo que se necesitan fortalecer los programas de salud y de seguridad y separar lo penal de la salud pública en esta materia.

Preguntó por qué no se puede publicar el decreto, si es porque no atiende el espíritu de la iniciativa enviada por el Ejecutivo o porque se consideran graves las cantidades establecidas en la tabla para consumo personal.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) declaró que la ley en relación al narcomenudeo fue una respuesta que se quiso dar a esta problemática desde una perspectiva integral.

Indicó que es resultado de un trabajo perfectible y un primer paso que está federalizando el derecho penal hacia un campo desconocido y una aventura. Puntualizó que “no se legaliza la droga y ni es la intención para que se preste a confusiones en este sentido”.

En tanto, Eduardo Medina Mora Icaza, secretario de Seguridad Pública Federal, señaló que es necesario no dejar dudas de que México no legaliza, bajo ninguna circunstancia, el consumo de drogas, ni incentiva un problema que se está tratando de combatir a fondo.

Reconoció que con la reforma sobre narcomenudeo se dio un avance extraordinario, pero hay algunas disposiciones que resultan preocupantes porque pueden generar confusiones o malas interpretaciones. En este sentido, dijo, se puede hacer un trabajo conjunto de ajuste y corrección, para evitar cualquier consideración que lleve a pensar que México es un paraíso para consumidores o para narcomenudistas.

“La ley es una bocanada de aire fresco en esta necesidad de ajustar nuestro marco institucional y jurídico para combatir con eficacia algo que es el principal problema de seguridad pública de nuestro país. Saludamos el avance significativo que representa, el esfuerzo que ha hecho el Congreso de la Unión y la seriedad con que lo ha hecho”, subrayó.

Mencionó que encontrar los puntos de convergencia para definir dónde están los problemas y corregirlos, no será un tema difícil; al final la potestad es de los legisladores, el Ejecutivo simplemente puede hacer sus observaciones.

Subrayó que el combate al narcomenudeo es y deber ser la prioridad en materia de seguridad pública porque genera, junto con el fenómeno de adicciones, una serie de incidencias delictivas del orden común muy severas.

Dijo que el consumo de drogas ha crecido de manera significativa en México, sobre todo en las drogas duras, donde es cercano o incluso superior al 20 por ciento anual en los consumos per cápita en la última década.

Destacó que la reforma significa uno de los mayores y más valiosos esfuerzos para sumar los cuerpos policiales y de investigación de los tres órdenes de gobierno en la lucha contra la posesión, distribución y suministro de drogas; afina reglas claras para el reparto de competencias al establecer de manera objetiva el límite de narcóticos para la no penalización de los adictos y distinguir lo que es el narcomenudeo.

Al participar en este foro, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Javier Laynez Potisek, señaló que 20 mil policías federales y 400 mil policías de los diferentes Estados y municipios; además de la PGR y 32 procuradurías locales, están trabajando para controlar el problema de las drogas.

“En los últimos 10 o 15 años el Estado mexicano ha revisado su constitucionalismo para dar una lectura distinta al federalismo. Entre los enormes esfuerzos en leyes administrativas está la descentralización educativa, que a la larga pretendía conjuntar esfuerzos de los tres gobiernos y repartir competencias o redistribuirlas; un esfuerzo similar se realizó en materia de salud”, puntualizó .

El subprocurador manifestó que las reformas elaboradas por el Congreso de la Unión es el primero que se hace en materia penal. “Busca darle un tratamiento de materia concurrente a una inminentemente penal, en este caso acerca de tráfico de drogas para compartir o redistribuir competencias entre la federación y los estados”.

Destacó que la propuesta inicial, presentada por el Ejecutivo, tenía serias deficiencias. “Una de las que se corrigen en el proceso legislativo fue precisamente la de redistribución de competencias, porque la original responsabilizaba a las autoridades locales, pero sin señalar hasta dónde o cuál era su ámbito de competencias”.

Una falta de certeza jurídica en materia competencial , subrayó, cuando se aplica el derecho penal es muy grave; tanto porque puede haber abusos con los ciudadanos, como también provocar mayor impunidad entre las autoridades federales y locales, por lo que era necesario esta reforma que especifica hasta dónde tiene competencia cada quien.

En su oportunidad, Ricardo Gluyas Millán, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) destacó que existe un despilfarro en recursos económicos y materiales, ya que parte de la fuerza pública especializada en la aplicación de la ley es utilizada por carecer de facultades.

Enfatizó que la proliferación de tienditas, centros de distribución, puntos de venta, dan cuenta de la ineficiencia del sistema penal y del uso exclusivo de atribuciones para el gobierno federal. Agregó que se pretenden desarrollar mecanismos de control social y no penal, aplicables a la industria de las drogas en México.

Destacó que la industria del narcomenudeo tiende a reorganizarse de una manera más competitiva, por lo que se puede esperar un aumento de violencia en el proceso de renovación industrial, porque la disputa se dirime, no por la vía del derecho, sino del uso de medios violentos.