En la mesa de debates, Autonomía Sindical e Ingerencia Gubernamental, Discurso y Realidad, el diputado Pablo Franco Hernández (PRD) hizo un llamado al Presidente de la República para que cumpla la ley que prevé claramente la autonomía sindical y destituya al Secretario del Trabajo por considerar que ya no es interlocutor válido para el sindicalismo ni para las organizaciones gremiales del lado patronal.

Franco Hernández, presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, añadió que dicha intromisión ha afectado al Sindicato Minero y se creó un conflicto artificial violando la autonomía sindical para cubrir la responsabilidad del gobierno en la explosión de la mina Pasta de Conchos y después en los asesinatos de Lázaro Cárdenas.

Afirmó que la posición del gobierno en esta clase de conflictos es lamentable. “Antes se buscaba resolver por la vía de la sumisión de los sindicatos y hoy parece que está dispuesto a llegar a la represión brutal. Hay una actitud errática de un gobierno que ha sido incapaz de tener una política laboral”.

Además, agregó, que el llamado sindicalismo oficial ha adoptado una actitud cómoda con esa intromisión. “Hay posiciones encontradas entre los mismos sindicatos, por lo que es necesario que se asuman como autónomos, no estén buscando la protección gubernamental y se dediquen a lo que les indica la ley, que es el estudio y mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus agremiados”.

El legislador del PRD indicó, por otra parte, que se requiere una reforma laboral que incluya temas sobre democracia sindical; es muy importante ahora que estamos en tiempos electorales revisar las propuestas programáticas al respecto.

Señaló que la propuesta Abascal iba a llevar a confrontaciones sociales y a retrocesos en materia de derechos laborales; “esa reforma no es la que se necesita y lo que requerimos es el ambiente para discutir la verdadera reforma que hace falta”.

En su intervención, el doctor Nestor de Buen, maestro emérito de la UNAM, se refirió al sindicato minero y dijo que “estamos frente de un conflicto en el que de un lado está la democracia sindical y el derecho de la representación y autonomía sindical y, por otro un Estado carente de vergüenza que quiere dominar un sindicato, imponer un líder corrupto y manera evitarse problemas de los convenios colectivos y las huelgas”.

Mencionó que la propuesta del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, para hacer un referéndum controlado por una entidad independiente, con documentos derivados de los registros en el Seguro Social, para solucionar el conflicto minero, rompe con la ley. “Se está pasando la ley por el arco del triunfo, proponiendo un arbitro distinto”.

Refirió que la ley señala que son los trabajadores en sus asambleas debidamente convocadas son quienes tienen que decidir sobre la integración de sus mesas directivas y hoy o mañana a más tardar, terminará el Congreso Minero que ha sido convocado desde hace 75 días, de acuerdo a lo que marca su estatuto, y que ha tomado la decisión de mantener la mesa directiva encabezada por Napoleón Gómez Urrutia.

Aceptar el sindicato minero una proposición de este referéndum sería aceptar la violación de la ley y lo que se debe hacer es respetar la decisión de la autonomía de los sindicatos y su libertad establecida en la Constitución Política, acotó.

“Estamos en un caso de flagrante violación de la autonomía sindical... Napoleón representa a un sindicato absolutamente democrático, capaz de ir a la huelga con tal de conseguir mejores condiciones de trabajo y las ha conseguido. Por eso se lo quieren quitar de encima”, dijo.

Mencionó que las relaciones que ha hecho el sindicato minero, y en particular Gómez Urrutia está provocando un apoyo internacional a su movimiento, y además los sindicatos y las grandes centrales sindicales hoy en día están de lado de la democracia sindical, especialmente la CROC y la CROM. “El Estado ha tenido la gracia de echarse encima sus antiguos aliados de tantas barbaridades que está cometiendo”.
En tanto, el abogado laboral Arturo Alcalde, asesor sindical de diversas organizaciones e instituciones en la materia, dijo que el conflicto minero se inicia el 17 de febrero con una indebida intervención del Estado, cuando en menos de 24 horas desconocen a la directiva del sindicato; fue una maniobra, una intromisión patronal motivada por las empresas.

La Secretaría del Trabajo se descalificó cuando metió la mano y destituyó con un cálculo grotesco; además, hubo una línea dura de la consejería del presidente de la República, señaló.

Afirmó que el resultado es “un desaguisado tremendo que ha tenido un impacto brutal en las relaciones laborales, impacto internacional, pronunciamientos de las organizaciones de Estados Unidos y Canadá, a partir de un tema que lleva tres meses sin solucionar”.

Lo ideal sería, dijo, que la Secretaría del Trabajo respetara las decisiones del Congreso Nacional Minero, pues si el gobierno no reconoce la decisión de éste, tendrá consecuencias graves en el terreno incluso electoral, porque se ha generado desconfianza por este conjunto de actos que se han puesto al servicio del sector empresarial.

En representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Carlos López Ruiz explicó que los sindicatos tienen garantizada su autonomía, mientras que las autoridades tiene limitada su autoridad registradora.

Refirió que los acontecimientos recientes en las minas y las burdas contradicciones públicas en que han caído las autoridades ilustran la insensibilidad y su falta de operación política, así como un grave desconocimiento del origen de la naturaleza social, dinámica y de reinvicación del derecho colectivo del trabajo.

Añadió que “los sindicatos en los hechos deben dar muestra de sus socios trabajadores y a la clase trabajadora del país, del beneficio que esto representa a la democracia sindical”.