El comisionado Nacional del Sistema de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández, informó que al cierre de 2005 la cobertura del seguro popular fue de 3.5 millones de beneficiarios en mil 583 municipios; el presente año será de 5.6 millones, con recursos por cerca de 17 mil millones y entre el 2007 y 2010 se cubrirá a ocho millones de familias.

Durante la presentación el Segundo Informe de Indicadores de Resultados del Seguro Popular a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por parte del funcionario, los diputados José Ángel Cordova Villalobos, presidente de esta instancia legislativa, y Lucio Lastra Marín, ambos del PAN, cuestionaron al funcionario sobre los avances e implementación del programa en el país.

Al respecto, el comisionado explicó que los cinco estados con un mayor número de municipios incorporados al sistema son: Tabasco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato y Campeche.

Para este 2006, informó, se integrarán 14 estados en las llamadas “banderas blancas de oportunidades”, que aunque no es toda la población del estado, es la de mayor marginación, entre ellos, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Precisó que las dos quintas partes de las familias incluidas en el seguro están incorporadas al programa Oportunidades, el 80 de los afiliados están representados por mujeres y el 4.5 por ciento de los beneficiados habita en los 19 estados con comunidades en extrema pobreza o indígenas.

Explicó que en la incorporación al SP se da prioridad a las familias en pobreza, de zonas marginadas y en las regiones donde exista el programa Oportunidades. Precisó que para este año se pretende cubrir a los 50 municipios con índices de marginación baja y en extrema pobreza.

Al informar sobre los avances de la cobertura del Seguro Popular de Salud, correspondiente al 31 de diciembre de 2005, el comisionado dijo que se tiene consolidado al cien por ciento el primero y segundo nivel, que corresponde tanto en medicamentos como a intervenciones.

Aseguró que con referencia a la cobertura del 2004 había un millón y medio de familias y para el 2005 se llegó a tres millones y medio, es decir, 11 millones 400 mil mexicanos que ya cuentan con la póliza del Seguro Popular, y se transfirieron a los estados el cien por ciento de los recursos destinados, incluido el Distrito Federal.

Respecto del Fondo de Gastos Catastróficos, Juan Antonio Fernández precisó que en cifras redondas creció en 30 por ciento la población que no está afiliada al IMSS o al ISSSTE.

“Vamos a crecer en un millón y medio de familias y estaremos cerrando en esta administración con más de cinco millones de familias, es decir, más de 20 millones de mexicanos con póliza”, afirmó.

Explicó que dentro del fondo se incluyen enfermedades como Leucemia, con 562 casos; cáncer Cérvico-uterino, mil 887; Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 14 mil 350 y cuidados neonatales, mil 138 pacientes atendidos.

Pare este año, precisó, se espera pagar 52 mil 471 casos esperados por padecimientos, además de que el 42 por ciento del presupuesto autorizados será para medicamentos, 31 por ciento para personal médico y enfermería, 15 por ciento a equipo básico y cuatro por ciento en infraestructura.

En este último caso, dijo, se han inaugurado y abierto más de mil 980 obras con recursos del sistema, que van desde hospitales de alta especialidad hasta centros de salud, además de que de las cuatro mil 206 unidades hospitalarias que se prevé afiliar, mil 685 ya están acreditadas; mil 453 centros de salud, de tres mil 958; 173 de 189 hospitales generales, lo que representa el 40 por ciento.

“Recordemos que por un lado se afilian familias, pero por otro, donde se saturan los servicios se deja de afiliar y se hace donde hay capacidad instalada”, precisó.

Comentó que a la fecha hay más solicitudes de familias que quieren inscribirse al Seguro Popular que capacidad de aceptarlas. “En el 2004 y 2005 se tenía que invitar a los mexicanos sin seguridad social a incorporarse, pero el presente es un año con mucha demanda”.

Dijo también que es falso que al terminar la administración del presidente Vicente Fox el Seguro Popular de Salud se vaya a acabar. “No es un programa, es una reforma de ley que seguirá vigente hasta el 2010, independientemente de quien ocupe la Presidencia de la República”.

Explicó que no hay cuotas de recuperación, la gente recibe el medicamento y la intervención de forma gratuita, sin embargo, hay una cuota en el momento de la inscripción y el esquema es similar al del IMSS, tripartito, donde aporta el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el afiliado. Del cien por ciento de los recursos, un 42 por ciento es destinado para el abasto de medicamentos y a diferencia de hace dos años, que había un 66 por ciento de abasto de medicamentos. Hoy estamos entre un 88 y 89 por ciento.

“La idea es que la gente del Seguro Popular salga con su receta y para ello se ha aprobado la creación de una red de farmacias que puedan surtir los medicamentos requeridos. El Seguro Popular es una aseguradora pública que le paga a los hospitales, a los médicos y a las farmacias por entregar los servicios. Es un programa nuevo y definitivo acordado por todos los secretarios de salud, la implementación inició en Tabasco pero será a nivel nacional”, subrayó.

Insistió que el año pasado el 42 por ciento del presupuesto era destinado a la compra de medicamentos y para este año se planea tener ahorros del 12 por ciento, equivalentes a dos mil millones de pesos por este concepto y que serían invertidos por los estados en mayor personal médico o infraestructura.

El Comisionado Nacional rechazó también que el Seguro Popular de Salud sea electorero pues, dijo, hay candados y los principales recursos están calendarizados al último trimestre.

Afirmó que no se destinaron más recursos para incorporar a un mayor número de familias, por lo que no es posible pensar que tenga fines electorales, incluso, añadió, todos los partidos políticos están sumados con sus gobernadores y hemos abierto dos frentes para cualquier tipo de denuncia; uno con la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y otro es un convenio que se tiene con el Instituto Federal Electoral (IFE).

Además, indicó, “la ONU nos está ayudando a través de un programa nacional para monitorerar si hay alguna denuncia en este sentido”. Aclaró que hasta el momento no han recibido ninguna queja; sin embargo, este tipo de denuncias son canalizadas por el Seguro Popular a la FEPADE “porque nosotros proporcionamos servicios de salud, no queremos ni somos la autoridad indicada para recibirlas”, concluyó.