La Comisión Especial presentó un diagnóstico en el que destaca el registro de seis mil asesinatos de esta índole en diez estados del país

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Álvaro Elías Loredo (PAN), aseveró que la violencia homicida hacia la mujer no puede ser vista como un fenómeno que encuentre soluciones meramente legislativas o de índole penal, sino que la problemática reviste otros aspectos que van de lo social y cultural a lo económico y criminal, por lo que es necesario trabajar de manera conjunta y coordinada con todos los órdenes de gobierno y organismos de derechos humanos.

En el marco de la inauguración del foro denominado Acciones y Avances para Erradicar la Violencia Feminicida, el legislador Elías Loredo reconoció que la gravedad de este fenómeno criminal es preocupante, dado que no son simples homicidios, pues la sociedad en su conjunto resiente estos atentados contra la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres.

No obstante, añadió, el Congreso debe continuar la promoción de una legislación integral y congruente, que genere las condiciones mínimas para asegurar las más esenciales prerrogativas humanas de la mujer, a favor de la igualdad.

“En el ámbito legislativo no necesitamos de medidas paliativas sino visiones de política criminal integral que pongan mayor atención a la víctima del delito”, subrayó.

En este tenor, el diputado Elías Loredo reconoció que se han hecho importantes esfuerzos, como la aprobación de la iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que si bien, “no será suficiente para solucionar un problema de índole social, cultural y económico, sí representa grandes avances en la materia”.

“El camino de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y la consolidación del Estado de Derecho pasan sin lugar a dudas por el respeto absoluto a la dignidad de las mujeres y en especial de la mujer”, concluyó.

En tanto, la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, Marcela Lagarde y de los Ríos, destacó que se llevó a cabo una investigación diagnóstica del feminicidio en 10 estados del país.

Indicó que a raíz de ésta, se corroboró que en México sí existe el feminicidio; que no está vigente el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia y que los homicidios de éstas son un problema grave e inadmisible.

“Ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la impunidad han sido identificadas por otras instancias como un grave problema nacional, tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos y en su erradicación. Ésta, la violencia, no es un eje prioritario en nuestro país ni de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad”, sostuvo.

La legisladora Lagarde y de los Ríos indicó que la investigación comprobó también el aumento alarmante de todas las formas de violencia de género contra las mujeres a las que se suman la de clase, de edad, étnica, racista, religiosa, ideológica, política y, desde luego, violencia jurídica.

Rebeló que durante año y medio el informe deambuló en una danza de números. “Hubo procuradurías que cambiaron sus cifras hasta en tres ocasiones, con el informe ya listo para publicarse y fueron para reducir el número de homicidios”.

La diputada del PRD hizo mención al maltrato y violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas en San Salvador Atenco y dijo que no se puede subsumir la violencia sexual perpetrada.

“Tampoco podemos aceptar la negativa que han dado las autoridades, el desconocimiento, la invisibilización de la gravedad de este atentado masivo contra los derechos humanos de las detenidas”, dijo.

Señaló que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron 49 detenidas, por lo que exigió a las autoridades que investigan el caso no solicitar ninguna prueba de tipo o pericial que las someta a una nueva violencia. “Exigimos que su palabra sea tomada como veraz y que la justicia actúe conforme a derecho”.

A su vez, el senador Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso y del Senado de la República, propuso que toda la información respecto al fenómeno del feminicidio esté al alcance la población y no sólo de quienes están interesados en el tema.

“Tenemos que lograr que esto penetre y forme una conciencia colectiva”, indicó, al tiempo que se pronunció porque desde el Congreso se hagan nuevas leyes que garanticen el respeto de los derechos individuales, la igualdad y la equidad en el acceso de oportunidades a las mujeres y los hombres”.

Pero sobre todo, dijo, buscar que se apliquen las leyes. Lograr que éstas no sean sólo buenas intenciones. Lograr de verdad que el Estado adopte como política pública todo lo que tenga que ver con la protección, el respeto y la integridad de las mujeres y las niñas. Alcanzar una política de Estado y que no quede sólo como ocurrencia sexenal.

El senador priísta comentó que se debe derrotar la mojigatería que hay en los gobiernos y que no les permite atreverse a enfrentar, con toda la fuerza del Estado y la obligación que tienen, todas las redes criminales, principalmente aquellas que comercian sexualmente con niñas y niños mexicanos.

“Asumamos que tenemos un problema serio, del crimen organizado, de explotación a infantes, asumamos que hay ceguera, omisión y hasta complicidad de algunas autoridades y que es un problema nacional de salud”.

Nuestros gobiernos, añadió, suponen que cerrando los ojos el problema deja de existir y por ese hecho hoy tenemos en el país 25 ciudades catalogadas como destinos turísticos sexuales con niñas y niños y nadie hace nada.

Por otra parte, en la presentación de los resultados y recomendaciones de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicidia, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN) informó que tan sólo en cinco años se han cometido seis mil asesinatos de mujeres en la República Mexicana, según reportes de las Procuradurías de los estados, lo Tribunales de Justicia y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Añadió que según datos recabados, de 1999 al 2005, en el estado de México ocurrieron mil 288, en cuatro años, cifra que considera homicidios dolosos y culposos mientras que en Oaxaca ocurrieron 351.

La secretaria de la Comisión que investiga los feminicidios indicó que Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz informó que en cinco años fallecieron mil 494 mujeres, de las cuales 411 fueron asesinatos dolosos y mil 83 homicidios culposos; la Procuraduría del estado de Chiapas reportó que más de mil 242 niñas y mujeres fallecieron, 571 corresponden a homicidios dolosos y 671 fueron culposos.

Advirtió que tan sólo en Ciudad Juárez fueron asesinadas 379 niñas y mujeres, mientras que en Guerrero 863 mujeres fueron asesinadas y 743 en el Distrito Federal, según el Servicio Médico Forense (Semefo).

Por lo que insistió en la necesidad de que el Gobierno Federal implemente una política integral de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En su intervención, la diputada Lilia Aragón del Rivero (PRI) leyó un texto titulado “Quiénes eran ellas” y refirió que las mujeres asesinadas en México tenían distintas edades, pertenecían a todas la clases sociales y estratos socioeconómicos, en su mayoría a sectores pobres y marginados.

“Todas fueron maltratadas, torturadas, atemorizadas, sufrieron humillaciones, otras golpeadas hasta la muerte; algunas estranguladas”, indicó.

Sostuvo que algunas de ellas tenían huellas de violencia sexual. Todas estuvieron en cautiverio, aterradas vivieron la más extrema impotencia de la indefensión, fueron agredidas y violentadas hasta la muerte.” La mayoría de estos crímenes están en la impunidad”.
Mientras, la diputada del PRD, Beatriz Mojica Morga, hizo un llamado a no aplicar de manera discrecional el Estado de Derecho sólo a los movimientos sociales, sino que debe aplicarse todo el peso de la ley a los narcotraficantes, a los que trafican con seres humanos y sobre todo a quienes asesinan a mujeres.

Indicó que al Gobierno Federal corresponde que todas las políticas públicas se dirijan a eliminar la inequidad entre hombres y mujeres, además de que debe diseñar y ejecutar políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres, que cuente con disponibilidad de recursos e incorporar la transversalidad de género.

La diputada del PRI, Sofía Castro Ríos indicó que la investigación diagnóstica, la primera que se hace en el país en materia de feminicidios, fue posible gracias a la aprobación de 10 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

Se anexa versión estenográfica de la entrevista al presidente de la Mesa Directiva, diputado Álvaro Elías Loredo