• Los ciudadanos están expuestos en instituciones a tráfico de influencias, contrabando, soborno y uso privado de bienes públicos

Para abatir los índices de corrupción, el gobierno de México debe aplicar políticas regulatorias en todos los niveles de la administración pública, incrementar herramientas de fiscalización, capacitar y concientizar a los servidores públicos sobre su responsabilidad administrativa para evaluar su desempeño.

Al participar en el diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, Mercedes Escudero Carmona, catedrática de la Universidad Iberoamericana, mencionó que la estabilidad política e incorporación de técnicas de supervisión en instituciones gubernamentales son elementos que se requieren para combatir la corrupción y medir la efectividad del gobierno.

La académica señaló que las causas de la corrupción obedecen a motivos culturales y “no a cuestiones genéticas, porque las instituciones, los hombres públicos, las organizaciones políticas y sociales, la vida cultural, nuestras costumbres y hábitos son los que nos han llevado a caer en estos actos”.

En este sentido, dijo que en las dependencias federales no ha habido una cultura en el servidor público para hacerle conciencia de su responsabilidad administrativa al servicio de la sociedad.

De los tipos de corrupción que afectan a las instituciones, las que más sufren los ciudadanos son: tráfico de influencias, contrabando, soborno y uso privado de bienes públicos.

Mercedes Escudero explicó que de acuerdo con una encuesta realizada por el Tecnológico de Monterrey en el 2002 a funcionarios públicos, las conductas más comunes en la administración pública son compadrazgo, clientelismo, nepotismo, robo de bienes, vacíos en el presupuesto, desvío de recursos y la corrupción burocrático-administrativa, “que es la que más afecta y evita la productividad para las inversiones de las pequeñas y medianas empresas”.

La catedrática de la Universidad Iberoamericana se pronunció por realizar ajustes en el marco regulatorio de las actividades económicas para propiciar libre concurrencia en los mercados, desarrollo económico, atracción de inversiones, “porque con los altos índices de corrupción se corre el riesgo de fuga de capitales y la inversión extranjera en el país”.

Propuso hacer una reforma en el sistema educativo para mitigar los ilícitos que se presentan, donde haya un marco jurídico completo, funcional y eficaz, que sustente su funcionamiento y las transformaciones que exige el desarrollo.

Dijo que resulta imperativo promover la actualización del marco jurídico de la educación, adecuándolo a los nuevos requerimientos de las circunstancias actuales y terminar con la forma de gobernar en provecho exclusivo de individuos o de grupos gobernantes.