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Para detener el grave deterioro y estancamiento que sufre la industria petrolera y lograr su desarrollo en beneficio de la nación, la Cámara de Diputados analiza una iniciativa de integrantes de la Comisión de Energía que reforma la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y crea la Ley del Consejo Nacional de Hidrocarburos.

El documento plantea asegurar el control del gobierno sobre el total de las actividades petroleras, ajeno de intereses políticos y de grupos con intereses particulares.

El fin es garantizar que en forma objetiva e imparcial se realicen todos los actos que impliquen el ejercicio del dominio de la nación sobre los hidrocarburos.

Para ello, se propone crear el Consejo Nacional de Hidrocarburos que se encargaría de la administración de los recursos petroleros, en las actividades de exploración y explotación del petróleo.

Se establece que para cumplir con su objetivo el consejo tendría autonomía técnica y operativa, lo cual le permitiría tomar decisiones con objetividad plena, con estricto apego a la ley y desligadas de posiciones políticas partidarias.

La autonomía que deriva en buena medida del carácter colegiado de las decisiones del pleno, aislaría al consejo de las presiones de grupos de interés, respondiendo mejor al mandato que la ley le confiera, subraya la iniciativa.

El patrimonio para el Consejo Nacional de Hidrocarburos sería similar al de comisiones u órganos desconcentrados ya existentes en materia energética, que van entre los 60 a 120 millones de pesos, en este sentido la aportación del Gobierno Federal se haría vía presupuestal, se destaca.

La iniciativa de ley propone cuatro capítulos, el primero sobre disposiciones generales, el segundo de la actividad, el tercero del operador del Estado y el cuarto de la participación de los sectores social y privado. En ello se salvaguarda el principio constitucional del dominio directo de la nación, sobre todos los carburos de hidrógeno y su explotación.

Se respeta y mantiene el cúmulo de actividades que abarca la industria petrolera; se señala que las actividades de ésta son de exclusiva jurisdicción federal y se abre la posibilidad al Gobierno Federal para que dicte las disposiciones reglamentarias, de regulación, normalización y técnicas, que dote al sector de una mejor organización y control.

Se señala que el Ejecutivo Federal es el responsable de la aplicación de esta ley, a través de la Secretaría de Energía, estableciendo la competencia ya reconocida de la Comisión Reguladora y fundando en el marco jurisdiccional al Consejo Nacional de Hidrocarburos como autoridad técnica especializada en el ramo petrolero. Se deja claro la responsabilidad en materia de política energética que ya ejerce esa dependencia.

En el capítulo relativo a la participación de los sectores social y privado, se establece que el transporte, almacenamiento y distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por esos sectores, los cuales podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos.

La iniciativa fue presentada por los diputados Carla Rochín Nieto, Manuel Ovalle Araiza y Jorge Luis Hinojosa Moreno, del PAN, así como Pablo Pavón Vinales y Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del PRI. Se analiza en la Comisión de Energía.