• Se han recuperado 20 mil 778 mdp por observaciones de la Auditoría Superior

Durante el análisis del informe de la Cuenta Pública 2004, diputados del PRI, PAN, PRD y Convergencia coincidieron que a pesar de los avances inobjetables en materia de fiscalización, existe la necesidad de consolidar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y perfeccionar el marco jurídico para generar la rendición de cuentas de todo ente público o privado que maneje o administre recursos en los tres niveles de gobierno.

En este sentido, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Guillermo Zorrilla Fernández (PRI) destacó que aún falta avanzar hacia un modelo de fiscalización que profundice en la evaluación de la calidad de gasto y garantizar que los recursos públicos federales administrados por los gobiernos estatales y municipales sean sujetos de intervención del máximo órgano fiscalizador.
De igual forma, dijo, falta propiciar una coordinación institucional clara y eficiente entre la ASF y el resto de los órganos de fiscalización y control tanto en el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios.

Previo a ello, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, afirmó ante los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que de los 33 mil 157 millones de pesos observados, se han recuperado, hasta diciembre del año pasado, 20 mil 778 millones de pesos.

De este monto, indicó, la recuperación más significativa fue de 10 mil 856 millones de pesos, producto de la fiscalización al proceso del rescate bancario. “Tal cantidad está integrada por 9 mil 482 millones por créditos irregulares observados por la ASF. Mil 257 millones producto de las auditorías de gestión, existencia y legalidad y que fueron una exigencia de la Cuenta Pública de 1999”.

Agregó que la última revisión que se hizo en materia de quitas, condonaciones y castigos, logró una recuperación de cerca de 118 millones de pesos; otra cantidad significativa es la relativa al reconocimiento del adeudo del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) a favor del organismo por mil 580 millones.

También, añadió, hubo una recuperación importante de mil 533 millones de pesos por una auditoría practicada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), además de que Aduanas devolvió dos mil 457 millones de pesos producto de esta última y otras observaciones, a pesar de la controversia constitucional contra la Cámara de Diputados y la ASF interpuesta por el gobierno federal.

González de Aragón coincidió también en la necesidad de revisar el marco jurídico de actuación de la ASF para reforzar las atribuciones y facultades del órgano fiscalizador, además de que solicitó mayor presupuesto para hacer crecer la muestra fiscalizable a estándares nacionales.

Concluyó que la transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes, sino una obligación ineludible con la sociedad, porque son públicos los recursos que se manejan. El país es de todos, no de unos cuantos, enfatizó.

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el diputado José Luis Flores Hernández reconoció la importancia de que la ASF cuente con un marco jurídico adecuado; identificar vacíos y lagunas que registra la legislación aplicable actual a fin de cerrar brechas a la opacidad, a la corrupción y a la impunidad.

Añadió que en la medida que se vaya afianzando la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas y sobre todo, que se difundan y arraiguen estos valores entre las nuevas generaciones, se estará apoyando la principal herramienta institucional en México como es la ASF para combatir el dispendio, la ineficiencia, la negligencia y las irregularidades.

Subrayó que la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas son factores centrales para fortalecer los canales de comunicación entre la sociedad y el Estado. “Son también fundamentales para legitimar y dar consenso al ejercicio del poder del Estado y desde luego, para propiciar mayor calidad en la gestión pública”.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional, Rafael Sánchez Pérez destacó el avance en la fiscalización de los recursos públicos.

Indicó que “sin ser la panacea”, lo que ha hecho la presente legislatura en esta materia ha sido mejor que otras, aunque reconoció que hubo factores que permitieron los avances, sobre todo, porque hubo voluntades que se sumaron para avanzar.

“Del primer informe recibido por la Comisión de Vigilancia de la ASF a éste último, hay un cambio enorme en su objetividad, por ese camino vamos bien, hay cambio en las formas y fondo”, aseveró el legislador panista.

Resaltó también el cambio del formato para la entrega del informe de la Cuenta Pública, lo que dio la oportunidad de modificar también la forma de examinarlo y valorar, en su dimensión, el mismo informe que presenta la ASF.

A su vez, la diputada Dolores Padierna Luna (PRD) dijo que al hacer un análisis de la revisión de la cuenta pública 2004 se puede concluir que la gestión del Ejecutivo Federal se caracterizó por un desorden administrativo en varias dependencias.

Subrayó que las deficiencias registradas en el sector salud, en materia de desabasto de medicamentos, se dieron al existir inoperancia y no por falta de presupuesto, en tanto que por lo que respecta a la obra pública, su ejercicio fue sin apego al marco legal y habría que destacar la obra pública de Pemex, de CFE, de Sagarpa y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que fueron poco transparentes.

Al hablar sobre las becas para educación básica del ramo 25, los fideicomisos públicos de Pemex, de aduanas en el SAT, así como la corrupción de funcionarios y desviación de recursos públicos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), Padierna Luna señaló que existen frecuentes violaciones a las leyes federales.

En su oportunidad, el presidente del grupo parlamentario de Convergencia, Jesús Martínez Álvarez, afirmó que durante los trabajos de la actual legislatura se consolidó la transformación de la Contaduría Mayor de Hacienda por la Auditoría Superior de la Federación.
El legislador destacó que la Comisión de Vigilancia siempre ha respetado la independencia otorgada al órgano fiscalizador, lo que propició, primero, confianza en la ciudadanía hacia este y, segundo, inducir el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos para promover la transparencia y rendición de cuentas.

“A la fecha se han realizado 200 auditorías, que son la parte moderna de la fiscalización y así hemos podido acreditar los avances. Sin embargo, seguiremos insistiendo en capacitar a los trabajadores de la Auditoría para obtener mejores resultados”, aseveró.