• Competencia desigual con Estados Unidos y Canadá

Es insuficiente denunciar, requerimos hacer un frente común para proteger a los productores del campo mexicano y modificar la comercialización establecida en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entrará en vigor en 2008, manifestó Rafael Galindo Jaime (PRI), presidente de la Comisión Especial para el Campo.

En reunión de trabajo para dar a conocer los avances del Acuerdo Nacional para el Campo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el priista destacó que la visión de quienes manejan la política globalizada, como el Banco Mundial (BM), ven a México más que como productor, como consumidor de alimentos, por lo que se necesita la unión de los gobernadores, Ejecutivo y Congreso para defender a los campesinos.

“No se puede hablar de mejoras en la condición de vida para los agricultores cuando apenas el siete por ciento tienen presencia en el mercado internacional y el 52 por ciento sobreviven en una economía de subsistencia”, puntualizó.

Asimismo, el legislador planteó un análisis y evaluación del acuerdo con el presidente de la República, Vicente Fox, a fin de que las observaciones sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

En su intervención, el director general de Planeación de la Coordinación General de Enlace y Operación de la Sagarpa, Renato Olvera Nevares, dijo que lo más importante del Acuerdo Nacional para el Campo fue que por primera vez los ciudadanos participaron directamente en su elaboración.

Como parte de la política incluyente y participativa, continuó, este acuerdo se construyó como un ejercicio plural y democrático emanado del diálogo por una política de Estado para el campo.

“Las organizaciones campesinas, los gobiernos de los estados, sociedad rural y gobierno federal lograron diseñar políticas públicas que garanticen el mejoramiento de las condiciones productivas y de bienestar social en el medio rural mexicano”, señaló.

Asimismo, el funcionario comentó que de los 241 numerales que son vigilados por los gobiernos Federal y Estatal, 219 son atendidos, además de darles constante seguimiento; mientras que los 22 restantes están en el proceso de trabajo acorde al programa diseñado, esto debido a que son compromisos con impacto de mediano y largo plazos.

No obstante el esfuerzo hasta ahora realizado, Olvera Nevares estableció la urgencia por satisfacer necesidades que promuevan el desarrollo rural y que permitan la homologación de cooperación con los socios del TLC, que ofrezca una solución alterna ante la apertura de las importaciones del maíz y frijol para el 2008.

“En aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, para construir un fondo de vivienda rural es necesario terminar el padrón único de beneficiarios del sector”, aseveró.

En su oportunidad, la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) expresó que motivados por la falta de planeación se tuvo que demandar una atención específica en relación con los países miembros del TLC. “Observamos cómo se han aprovechado de la riqueza de México y han sacado enormes dividendos, mientras que nosotros seguimos en desventaja social.

“Es lamentable; no hubo la cartografía de qué se debe hacer para aprovechar el clima, los suelos, el agua, y qué se debe hacer con las zonas áridas; eso habla de falta de voluntad para un sector que es fundamental” , sentenció.