• Coinciden actores políticos en el Foro 3 de Julio por la Gobernabilidad Democrática en México

Diputados, académicos y representantes de los candidatos presidenciales convocaron a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad, impedir la confrontación y hacer trascender el diálogo sobre las diferencias en uno de los procesos electorales más competidos de los últimos tiempos.

En el “Foro 3 de julio, por la Gobernabilidad Democrática de México”, organizado por la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, los participantes coincidieron en que el próximo gobierno deberá establecer un pacto con el Congreso para concretizar las reformas que permitan dar certidumbre y rumbo al país.

El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, secretario de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, dijo que se trata de que el presidente electo asuma que si no obtiene el 50 por ciento más uno, no tiene derecho a hacer un gobierno partidista y sí la obligación de concretar un programa de políticas publicas negociadas con todas las fuerzas, es decir, un pacto con el Poder Legislativo para tener una mayoría que dé certeza a su gobierno.

Señaló que “vamos a ser capaces de resolver el 2 de julio convenientemente con nuestras estructuras, pero de nada servirá si no logramos resolver el 3 de julio y se podrán ir seis años más y el país será un barco a la deriva”, enfatizó.

Subrayó que de esa manera los legítimos 14 millones de votos o un poco más que obtenga el presidente electo y los que ganen el segundo y tercer lugares, en vez de convertirse en un fascismo, sean la posibilidad de existir en la diversidad con un pacto mayoritario.

Aclaró que no se trata de que militantes de distintos partidos formen parte del Gabinete, sino de la negociación de un programa, donde las fuerzas se pongan de acuerdo en un plan de fortalecimiento del Estado.

En tanto, el diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador de Convergencia, dijo que el foro no se trata de posturas partidistas, sino de ver más allá de quien resulte triunfador el próximo 2 de julio.

Advirtió que de no establecerse los mecanismos oportunos, se enfrentará un escenario que quizás provoque una regresión en el avance democrático y en la transición que se ha venido dando desde hace varios años.

Dijo que luego de analizar las propuestas del foro, se buscarán las coincidencias para lanzar una convocatoria nacional que emerja de una comisión política y ciudadana más allá de partidos y candidatos.

El diputado Manuel Camacho Solís dijo que antes del proceso electoral no hubo reformas a las instituciones y sí guerra sucia, pero “estamos a tiempo de corregir; no debemos esperar el 3 de julio, la tarea (ahora) es bajar la tensión, recuperar la mesura y fortalecer las instituciones electorales”.
El también representante de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la Alianza Por el Bien de Todos, llamó a conformar un acuerdo de fondo en el que se establezcan las reformas institucionales mínimas que faciliten la gobernabilidad en las nuevas condiciones y correlación de fuerzas.

Lo importante, agregó, es cambiar el rumbo del país y encauzarlo por la vía de las reformas constitucionales; aprovechemos este momento para hacerlo posible, comentó.

En su turno, César Nava, en representación de Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN a la Presidencia de la República, hizo tres compromisos: Respetar el resultado de las elecciones, porque dijo, no hay más gobernabilidad que el respeto al voto.

El segundo, fortalecer las instituciones de la democracia mexicana. El tercero: “nuestro candidato se ha comprometido públicamente a conformar un gobierno de coalición y a compartir una agenda común con el Congreso de la Unión”.

Subrayó que “el compromiso es formar un gobierno de coalición con aquel o aquellos partidos que estén dispuestos a integrar una agenda común de gobierno y de políticas públicas”.

Por su parte, Salvador Mikel Rivera, representante del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de la campaña de Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial de la Alianza por México, destacó que el próximo Presidente y demás actores políticos, independientemente de los resultados del 3 de julio, deberán construir una nueva relación con el Congreso y conformar un acuerdo básico que permita las reformas cruciales.

El principal reto, insistió, es dar incentivos a las fuerzas políticas para conformar una coalición gobernante, pues sin esta relación, advirtió, no habrá un proyecto viable de desarrollo y se limitará el fortalecimiento de una economía de mercado viable, la desigualdad aumentará y cada vez será más difícil evitar conflictos sociales.

Más adelante, Miguel Ángel Jiménez Godínez, en representación del Partido Nueva Alianza, afirmó que México ha sido reconocido internacionalmente por haber transitado hacia un proceso cada vez más democrático y “hacia un régimen en donde podemos tener la certidumbre que se cuentan los votos”.

Puntualizó que se necesitan reglas mínimas para dar certidumbre al nuevo espacio democrático y consideró que es fundamental generar un acuerdo político nacional.

Señaló que no sería necesario esperar a la LX Legislatura; hay tiempo para un Periodo Extraordinario de Sesiones, en el que se hagan las reformas que permitan generar los incentivos para propiciar acuerdos y no la confrontación.

A su vez, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés Ríos, aseveró que la falta de una reforma institucional para consolidar la democracia, después de las elecciones federales del 2000 y 2003, ha generado un clima político de tensión creciente, por lo que estamos ante una situación de riesgo.

Agregó que en las condiciones actuales no hay posibilidades de alcanzar acuerdos de fondo que permitan una adecuación institucional antes del 2 de julio, pero tampoco es prudente dejar que la etapa postelectoral se convierta en un periodo de incertidumbre; planteó que concluido el proceso se proceda a la reconciliación y designar una comisión política ciudadana del diálogo para la gobernabilidad.

En su oportunidad, Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, Obispo Auxiliar de México y Jefe del Departamento Episcopal de Relaciones Iglesia-Estado, llamó a las fuerzas políticas, candidatos y dirigentes de los partidos a comprometerse, desde ahora, a aceptar los resultados de la votación del 2 de julio, una vez que la califique el IFE o el TEPJF.

Pidió a la ciudadanía vencer al abstencionismo e invitó a la sociedad civil a estar atenta para exigir que las fuerzas políticas se conduzcan con madurez y cordura, reconociendo la única autoridad de las instituciones encargadas de conducir y calificar el proceso electoral.

Gabriel Funes Díaz, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que para lograr la gobernabilidad democrática se requiere de una visión de Estado incluyente en su pluralidad, donde se erradique la miseria y los ciudadanos sean eje de las políticas públicas.
“También es prioritario que las fuerzas políticas asuman con civilidad y respeto los resultados del dos de julio, porque sólo así se fortalecerán nuestras instituciones, particularmente al Instituto Federal Electoral”

El coordinador del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Rafael Borbón Ramos, habló de la importancia de los medios de comunicación “como instrumentos para entender la realidad política que vivimos”.

En medio de la transición y en un ejercicio pleno de la independencia de los poderes, vivimos en un contexto nada fácil de comprender, que hace necesario reconsiderar las relaciones Ejecutivo-Legislativo para que México pueda avanzar en su proyecto nacional, señaló.

Más adelante, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, resaltó que la falta de relación entre los poderes produce confrontación permanente, por lo que se debe expresar la voluntad política de asegurar la gobernabilidad y respetar la decisión mayoritaria.

Destacó la necesidad de replantar el papel de los poderes, así como reconocer nuevos factores que deben dar mayor incidencia en la vida política. La gobernabilidad depende mucho de un adecuado diseño institucional, que es parte de lo que se debe consensar.

Reconoció que en las elecciones del 2 de julio es predecible una escasa participación del electorado. Dijo que existen mecanismos institucionales inadecuados, insuficiencia de la tarea política, inequidad y necesidades que no encuentran una respuesta pronta.

El legislador del Congreso de Hidalgo, Mauricio Rosell Abitia, indicó que la realidad política es resultado de una nueva pluralidad, de la creciente competencia y de la polarización que impide que un solo partido pueda contar con mayorías.

“Se trata de negociar y concretar reglas que garanticen la cultura de alianzas entre partidos que fortalezcan la capacidad del gobierno del nuevo Presidente, a fin de ofrecer a la población, resultados concretos y garantizar la gobernabilidad”, abundó.

Para el diputado integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mauricio López Velásquez, la crisis de credibilidad y de confianza que tiene la ciudadanía se va a reflejar en votos, pero sobre todo en la participación del 2 julio. Añadió que esta contienda debe girar en la tersidad y tranquilidad, para que el sufragio cuente y se cuente.

Destacó que se debe construir un espacio que llame al diálogo y al acuerdo a favor de la gobernabilidad, que proponga y motive a que se sienten los actores. “La agenda debe edificarse con las preocupaciones que permitan sumar voces, sin descuidar el aspecto regional, pero sobre todo que negociar no sea sinónimo de transar y acordar de venderse ”, agregó.

En su intervención, el articulista Ramón Alberto Garza dijo que se debe evitar la aparente confrontación que se pronostica, aun cuando el triunfo se diera por la mínima diferencia. “Tenemos qué preguntarnos lo que podríamos hacer frente a las actuales circunstancias y pavimentar el camino de la gobernabilidad”.

Enfatizó que se necesita la participación de los candidatos, partidos, autoridades, organismos y sociedad civil, a fin de formular un pacto abierto de civilidad electoral en el que se deje en claro bajo qué condiciones el proceso se podrá cuestionar y bajo cuáles será refrendado.