• En un informe preliminar de legisladores se presume que los 55 mdd no fueron entregados a los trabajadores

La Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a la Problemática Minera en la República Mexicana insistió en invitar a una reunión al secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, así como a funcionarios de Scotiabank Inverlat, para que informen acerca del fideicomiso minero, en el que fueron depositados 55 millones de dólares.

El órgano legislativo avaló la propuesta del diputado del PRD, Agustín Rodríguez Fuentes, para que el banco en referencia entregue la información sobre los movimientos financieros realizados por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Ello, explicó el diputado perredista, para esclarecer si fueron o no entregados en su totalidad los 55 millones de dólares a los trabajadores mineros de las empresas: Mexicana de Cobre S.A. de C.V., Mexicana de Cananea S.A. de C.V., Minera de México S.A. de C.V. e Industrial Minera México, S.A. de C.V., tras su liquidación como empresas paraestatales y pasar al régimen privado.

Por lo que respecta a la convocatoria del secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar, el presidente de la Comisión, Tomás Trueba Gracián (PAN) indicó que es para conocer más a fondo el acuerdo para la integración del fideicomiso minero.

En este sentido, descartó que el ex titular de la STyPS, Carlos María Abascal Carranza, quien firmó documentos como testigo de honor, vaya a ser convocado para reunirse con los diputados de la Comisión Especial, toda vez que éste ya no tiene nada que ver y porque la información correspondiente es del conocimiento del actual titular de la dependencia.

Informó que el próximo 19 de junio, los integrantes de la Comisión Especial viajarán a Michoacán para conocer la problemática de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y buscarán entrevistarse con autoridades del gobierno estatal, de la Procuraduría General de Justicia del estado y con líderes mineros.

Durante la reunión de trabajo, los diputados José Francisco Landero Gutiérrez (PAN) y Pedro Vázquez (PT) entregaron, por separado, un informe preliminar respecto al destino de los 55 millones de dólares del fideicomiso, en los que coinciden que Gómez Urrutia no comprobó la entrega de recursos del fideicomiso a los trabajadores mineros y por tanto hay el presunto delito de fraude.

Landero Gutiérrez señaló que en un documento entregado a la Comisión, firmado por Napoleón Gómez Urrutia el 27 de junio de 2005 y dirigido a Juan Gutiérrez Ballesteros, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sndicato, se instruye de manera discrecional quién tiene derecho y quién no a los beneficios del fondo.

“Este documento, explicó el diputado, prueba que se repartió una parte de manera discrecional y que otra no se ha repartido. Es muy grave además que el documento fije que el reparto de los recursos del fondo minero dependa del apoyo al sindicato y Gómez Urrutia detenga el pago para viudas y otros beneficiarios hasta un análisis posterior condicionado”.

A su vez, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Pedro Vázquez, dijo en su informe que el 3 de marzo de 2005, el Comité Técnico del sindicato instruyó a la fiduciaria Scotiabank Inverlat para que extinguiera todos los efectos legales del fideicomiso 10964526 (antes 9645-2) y transfiriera la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares a la cuenta interbancaria número 012180001465910354 de BBVA Bancomer.

Agregó que a partir del deposito en Bancomer y tomando en cuenta los datos que arroja la averiguación previa, se presume la transferencia de los recursos a otras cuentas bancarias que en ningún momento benefician a los trabajadores.

El informe preliminar señala que el sindicato en ningún momento entregó información sobre la entrega a los trabajadores el dinero al que tenían derecho, por lo que entonces no hay la certeza del cumplimiento de obligación que figura en el contrato del fideicomiso original, así como en el contrato modificatorio.

Por otra parte, y ante los cuestionamientos de los legisladores en torno a no reconocer la validez de la información entregada por los líderes mineros Napoleón Gómez Urrutia y Elías Morales, por no estar certificada, el diputado Trueba Gracián concluyó que sí debe ser considerada para la investigación y que, si hay necesidad, se solicitará a los responsables que hagan llegar nueva documentación previamente certificada ante notario público.