·Los feminicidios continúan incidiendo en la opinión internacional

Las omisiones, negligencias y complicidades en torno alos feminicidios por parte de las autoridades federales y estatales, obligan a México a responder las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos con los que tiene compromisos, aseveró la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero.

En la Cámara de Diputados, durante el diplomado Equidad de Género en Políticas Públicas desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y la Lucha contra la Violencia, añadióque las investigaciones en la materia aportandatos que son una severa llamada de atención al Estado mexicano por la magnitud del problema.

Afirmó que faltan pasos para cubrir todas las entidades federativas y animar a las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal a llevar bien la cuenta y tener desclasificadas las informaciones pertinentes.

Subrayó que prevenir este tipo de violencia sexista tiene que ver con el campo de la justicia para erradicar la impunidad, pero también con un enfoque integral que abarque sus causas socioeconómicas, culturales y educativas, así como arraigados patrones de misoginia.

Señaló que la violencia de género es un tema de derechos humanos y de justicia social, de desigualdad en el ejercicio del poder entre mujeres y hombres en los ámbitos privados y públicos.

Mencionó que en los últimos doce años cerca de 400 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez. La tercera parte de los crímenes corresponde al feminicidio sexual o serial; en este campo es donde se tiene el mayor índice de impunidad, advirtió.

Añadió que es posible que entren en este segmento agresiones contra las mujeres como resultado de formas de delincuencia organizada, redes de trata de mujeres, explotación sexual de menores y prostitución forzada.

Indicó que otra tercera parte han ocurrido en un contexto de violencia cometida por sus parejas o familiares dentro del hogar, y otra se debe a robos, asaltos, riñas, balas perdidas en una ciudad de frontera donde proliferan armas. Hay, también, homicidios contra mujeres cometidos por ajustes de cuentas del narcotráfico, dijo.

En tanto, Alicia Elena Pérez Duarte, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, propuso un pacto nacional, así como replantear las políticas públicas que prevengan y sancionen con eficacia todas las formas de violencia contralas mujeres.

Advirtió que el femenicidio es la expresión última del desprecio de una sociedad patriarcal, misógina, represora hacia sus mujeres y niñas; es una situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Se ha detectado que comúnmente cuando no se da al interior del hogar está acompañado del pandillerismo; otros elementos encontrados son la trata de personas y el narcotráfico.

Informó que se han detectado focos rojos en las fronteras norte y sur, el Distrito Federal y Estado de México y en zonas turísticas, como Cancún.

Afirmó que es necesario que todas las instancias que tienen que ver con el problema de la violencia de género tengan un lenguaje común, ya que no hay un criterio uniformado para las cifras, las cuales no cotejan y ello hace que las políticas públicas no esténencaminadas adecuadamente.

Dijo que sigue habiendo obstáculos en la medición de número de casos de feminicidio y cuando se comparan los datos de INEGI con los de las procuradurías estatales los números son distintos.

“No hay distinción de criterios sobre los asesinatos dolosos y culposos y esas incongruencias hacen que no les creamos a las cifras nacionales que dan las instancias gubernamentales”, enfatizó.

Añadió que la gravedad del feminicidio no está en el número de casos, pero no contarlos es un indicativo más de la poca importancia que se concede a las mujeres y a las niñas en este país.

Puntualizó que nadie debe estar exento de trabajar en pro de una vida sin violencia en contra de las mujeres, y que eso es independiente de posturas partidistas e ideológicas.