A fin de acabar con la tortura militar, que es usual y sobre ella cae un velo de opacidad que no permite evaluar adecuadamente su dimensión e impacto, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, para castigar a miembros del ejército y superiores que, con motivo de sus atribuciones, infrinjan dolor o sufrimiento grave, físico o psíquico para obtener información o confesión.

“El gobierno ha reconocido que la tortura todavía es un problema en México. Los meses que le restan a esta administración son una oportunidad histórica para compartir eficazmente esta práctica y así establecer las bases de un sistema de justicia penal que considere mecanismos para su genuino combate y erradicación”, afirma la diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN) al presentar la iniciativa de ley.

La cual se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que adiciona el artículo 299 Bis al Libro Segundo, título Noveno, del Código de Justicia Militar.

La legisladora destaca en el documento que a pesar de contar con instrumentos jurídicos para condenar estos actos, como los artículos 20 y 22 de la Constitución, no se han logrado eliminar totalmente.

El texto afirma que desde hace algunos años nuestro país cuenta con instrumentos como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Sin embargo, la situación general del respeto a los derechos humanos y el combate a la tortura en el ámbito civil no ha sido desarrollada cabalmente, por lo que el vacío legal en el área militar es mayor.

Entre las principales conclusiones del Informe del Relator Especial contra la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, del observador Nigel Rodley, quien visitó México en 1997, la gravedad de estos casos no cae bajo la jurisdicción civil y son referidos a la competencia militar.

El informe también advierte que el Código de Justicia Militar no contempla el delito de tortura, a pesar de establecer la posibilidad de aplicar leyes federales a un integrante del ejército cuando incurra en dichas prácticas.