·Falta que algunos gobiernos estatales lo apliquen en su legislación local: diputada Angélica de la Peña Gómez

La presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, Angélica de la Peña Gómez (PRD) denunció que a pesar de que el pasado 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Sistema Integral de Justicia Juvenil, gobiernos estatales no lo han aplicado en su legislación local.

La legisladora dijo que 15 estados de la República han desacatado el mandato de ley y las reformas al artículo 18 de la Constitución Política, que ordena a las entidades federativas constituir nuevos organismos especializados para rehabilitar a los adolescentes infractores.

Con esta reforma se obliga a la federación y a las entidades federativas a que, a más tardar el 12 de septiembre de 2006, aprueben y diseñen sus respectivas leyes de justicia para adolescentes, derivadas del precepto constitucional del mencionado artículo.

Estos ordenamientos deberán estar inscritos en los preceptos del artículo 18 constitucional, el cual define que podrán ser privados de su libertad, como último recurso, los adolescentes de entre 14 y menos de 18 años cuando hayan cometido delito grave.

En entrevista, la legisladora de la Peña Gómez afirmó que la parte más importante “de esta reforma estructural consiste en aprobar 33 nuevos ordenamientos: uno a nivel federal y 32 en las entidades federativas”.

Mencionó que cuando un adolescente cometa delito tipificado en las leyes penales, no se le exonerará de su culpabilidad, sino que se determinará que por su edad el tratamiento no lo recibirá en privación de libertad, sino en externamiento.

“Se aplicarán medidas alternativas a la privación de libertad; se obligará al ámbito administrativo, en cada nivel de gobierno, a realizar convenios con distintas organizaciones públicas, de la sociedad civil y no gubernamentales para que utilicen a los adolescentes en trabajos comunitarios. Las medidas alternativas estarán bajo el encargo del Poder Ejecutivo”, explicó Angélica de la Peña.

La diputada dijo que en el sistema integral de justicia juvenil se especializará a las policías, ministerios públicos, defensores de oficio y a todas las autoridades que están a cargo de los adolescentes infractores.

Quienes estén al frente de un centro de internamiento pasarán por una estricta especialización: custodios, trabajadores sociales, directores y todos los funcionarios que están a cargo.

Las autoridades de la asistencia social tienen que diseñar programas especializados que garanticen de manera efectiva que un adolescente de entre 12 y menos de 14 años que incurrió en un delito grave, esté bajo vigilancia de la autoridad para que no vuelva a cometer el delito.

“Lo que le interesa a este sistema integral de justicia es que el adolescente infractor sea rehabilitado y readaptado, de tal forma que pueda ser reinsertado en la sociedad lo más pronto posible y reencauce su vida por el camino de la legalidad”, consideró la legisladora.

Angélica de la Peña Gómez destacó la necesidad de establecer preceptos generales que están contenidos en la Constitución y ser considerados irrestrictamente por las entidades federativas: el mismo catálogo de delitos graves, para evitar distorsiones o interpretaciones equivocadas de lo que es el precepto de este proceso legal.

Asimismo, se deben aplicar las mismas sanciones punitivas de privación de libertad y evitar que existan castigos diferentes para un mismo delito.

Finalmente, la diputada perredista aseguró que es importante que el Presupuesto de Egresos de Federación del próximo año etiquete partidas que sean distribuidas proporcionalmente en las entidades federativas, de tal forma que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes tenga una misma directriz en toda la nación.