·Se aprobaron para este año, 26 mil 472 millones de pesos para programas de alto impacto en sectores desprotegidos

La Comisión de Desarrollo Social impulsó en la actual legislatura diversas reformas de ley relacionadas con el combate a la pobreza, derecho a la alimentación, educación y salud, entre los que destaca la Ley General de Desarrollo Social, que obliga a aumentar año con año el presupuesto en la materia.

De esta forma, los recursos destinados a los programas sociales no pueden ser inferiores, en términos reales, al del año fiscal anterior y se incrementan por lo menos en la misma proporción del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Prueba de ello es que mientras que en el 2004 la Cámara de Diputados asignó un presupuesto de 21 mil 98 millones de pesos, en el 2005 fueron 23 mil 744 millones de pesos, ypara el 2006, 26 mil 472 millones de pesos, destinados al desarrollo social.

En esta ley se puntualizan los lineamientos y criterios jurídicos para constituir e institucionalizar una política social de Estado que trascienda las políticas sexenales.

Igualmente, con el fin de asignar más presupuesto para los que menos

tienen, apoyó el Programa Oportunidades con más recursos cada año, para elevar la eficacia en el combate a la pobreza.

Además, la citada comisión, que preside la diputada Beatriz Zavala Peniche (PAN), avaló la creación del Programa Retiro para Población en Oportunidades, con unmonto de 2 mil 200 millones de pesos, en apoyo a los adultos mayores en pobreza extrema.

Éste incluye un esquema de ahorro para el retiro, con un incentivo financiado por el gobierno para que las personas puedan ahorrar y vivir, de mejor manera, para su vejez.

Otro dictamen fue el que reformó y adicionó la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de impulsar el desarrollo y participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los programas de desarrollo social.

La Comisión pugnó por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, a través de puntos de acuerdo, mediante la utilización de políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda.

Asimismo, la adición al artículo 34° de la Ley General de Desarrollo Social, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 16 de febrero del 2006, para que por ley las comunidades indígenas tengan derecho a participar en la operación de los programas sociales operados por los tres niveles de gobierno

La Comisión promovió la incorporación de las personas con capacidades diferentes a los programas Oportunidades y Hábitat, a través de un punto de acuerdo.

Contribuyó a la mejor aplicación de la Ley General de Desarrollo Social, al modificar el artículo 26, con el fin de que las Reglas de Operación de los Programas Sociales sean emitidas dentro de los plazos señalados y que los beneficiarios obtengan los recursos oportunamente.

Las sanciones a funcionarios públicos y a organizaciones civiles que hagan uso electoral de los programas sociales, es el motivo de la aprobación del dictamen a la iniciativa que impulsó la Comisión para adicionar un capítulo sobre Sanciones e Infracciones a la Ley General de Desarrollo Social.

Impulsó, también, la aprobación de una iniciativa de adición de un capítulo IX al Título Cuarto de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de que las personas a las que se les haya restringido o negado los programas sociales puedan interponer recurso de inconformidad ante la autoridad que los opera, de forma escrita u oral, o mediante comparecencia.

Destacan las reformas a la Ley General de Desarrollo Social en los artículos 14° y 28°, relativa a concretar en programas sociales el derecho a la vivienda, aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados el 16 de febrero del 2006. Así como los cambios a la Ley de Asistencia Social en su artículo 4°, con el fin de que los enfermos terminales tengan derecho a atención médica, síquica y social, avalada el 5 de abril de este año.

La Comisión emitió una opinión favorable a la Minuta del Senado para adicionar un párrafo a la Constitución Política en su artículo 4°, que permitió incluir en nuestra Carta Magna el derecho de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales y que aseguren su desarrollo físico y mental.