·La Comisión de Educación tomó en cuenta a los actores del proceso educativo para impulsar mejoras en este sector

Con el consenso de las seis fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación logró reasignaciones presupuestales por más de 45 mil millones de pesos (mdp) durante los tres años de la LIX Legislatura.

En el año 2006, los integrantes de este grupo legislativo reasignaron 16 mil 800 mdp, con respecto a la propuesta presupuestal para este rubro presentada por el Ejecutivo Federal; en 2005 esta reasignación alcanzó la cifra histórica de 22 mil 500 mdp; y en 2004 el monto adicional reasignado fue de cinco mil 800 mdp.

Dichos recursos permitieron disminuir desigualdades en materia de cobertura, acceso, calidad, inversión, gastos de operación y salarios; además de que se concretó un aumento en las percepciones del magisterio nacional, mientras que en la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo, de haberse aprobado sin cambios, implicaba un grave decremento.

Así lo consideró el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Salvador Martínez Della Rocca (PRD), quien destacó que en tres años esta instancia a su cargo escuchó a todos los actores involucrados en el proceso educativo, organizaciones civiles y sociedad en general, interesados en mejorar la calidad de la educación en México.

En lo que respecta a sus productos legislativos, entre los dictámenes más destacados se cuenta la Ley del Ejercicio Profesional de Carrera, cuyo objetivo fundamental es evitar delitos como la usurpación de profesión y que haya quienes ejerzan el magisterio u otra actividad sin estar capacitados para ello.

La reforma establece que para ejercer una especialidad se requiere estar facultado legalmente por medio de un diploma o título de especialidad, expedido por una institución de educación superior pública, o particular con reconocimiento de validez oficial.

Asimismo, la Comisión aprobó la reforma para modificar la Ley General de Educación y la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con el fin de introducir, paulatina y sistemáticamente, conocimientos apropiados sobre sexualidad para quienes comienzan su ciclo de educación básica y, por ello, están considerados en condiciones de vulnerabilidad.

Esto, porque los niños y adolescentes enfrentan una problemática que incluye embarazos no deseados, deserción escolar, maternidad y paternidad anticipada, entre otros conflictos. Dicha información pretende prevenirlos al respecto y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

El presidente de la Comisión destacó que acaba de promulgarse una reforma que deroga una disposición en el sentido de que el niño que pretendía acceder a la educación primaria debía tener seis años cumplidos a la fecha del comienzo del ciclo escolar.Esta medida estaba apoyada en razones sin fundamento pedagógico, pero sí obligaba a muchos infantes a esperar todo un año su inscripción.

En función del respeto al derecho a la educación básica, como uno de los pilares que sostienen a cualquier sociedad, se impulsó la reforma correspondiente.

Por otra parte, el diputado federal Martínez Della Rocca señaló que un tema pendiente es la asignación recursos a la educación por el ocho por ciento del Producto Interno Bruto, como está señalado en la ley. En este sentido, recomendó que el Estado financie el sistema educativo público mediante recursos fiscales suficientes y acordes con las necesidades de expansión y mejoramiento de la enseñanza.

Otro de los pendientes, agrega el legislador, es garantizar la equidad en la Ley General de Educación, la cobertura educativa para la población indígena en todos los niveles y modalidades: formando profesionales docentes indígenas; ubicándolos en zonas que correspondan a su lengua vernácula; y haciendo transparente la asignación y el uso de recursos federales para la atención educativa en este sector de la población.

Es indispensable, concluyó, establecer mecanismos que permitan un diálogo permanente entre la sociedad y el Poder Legislativo para garantizar una educación integral y pertinente, revisar de manera permanente los contenidos educativos, y establecer la educación artística, física, tecnológica y las prácticas científicas como áreas de conocimiento con igual importancia.