·Otros 52 enfrentarían el mismo destino

Diputados de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores condenaron la ejecución del mexicano Angel Maturino Reséndiz, recluido en laprisión de Hunsville, Texas y sentenciado a la pena de muerte en mayo del año 2000.

En términos jurídicos, morales y éticos, el Poder Judicial estadounidense viola los derechos humanos de los condenados a muerte y, en este caso en particular, los derechos de los discapacitados, dijo la diputada Eliana García Laguna (PRD).

La Secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos destacó que el derecho al debido proceso debe ser una garantía a la que tenga acceso cualquier persona, pero más alguien con un problema de vulnerabilidad como en este caso.

La legisladora recordó que esta posición se adoptó cuando a propia iniciativa, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en enero pasado, se exhortó al Ejecutivo a enviar una nota diplomática al Presidente de los Estados Unidos solicitando su intervención en favor de la conmutación de la pena de muerte a Ángel Maturino.

Asimismo, dijo, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió un fallo a favor de México ante una controversia que presentó contra Estados Unidos para restituir los procesos judiciales de 51 connacionales sentenciados a muerte, toda vez que se acreditó la violación a sus derechos consulares.

En aquel caso como en éste, afirmó García Laguna, Estados Unidos incumple con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y las “Salvaguardas para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte” aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en mayo de 1984, mismas que prohíben expresamente la ejecución de enfermos mentales.

Entrevistados por separado, los legisladores destacaron que en México se reformaron leyes en la materia, como la que erradicó la pena de muerte de la Constitución, lo que demuestra la congruencia con las exigencias de nuestro país a nivel internacional.

García Laguna informó que el legislativo también ha trabajado en otro sentido, ya que se creó la “campaña nacional por la adopción y hermanamiento de legisladores mexicanos con los compatriotas condenados a muerte”.

Esta campaña permitió el contacto con los familiares de los condenados a muerte en Estados Unidos y visitas frecuentes a distintas autoridades en ese país, lo que “coadyuvó a la conmutación de la pena de varios reos”.

Por su parte, el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (PAN) señaló que “mas allá de que haya sido un mexicano cometiendo actos criminales, un exceso de sangre no se detendrá con otro exceso de sangre”.

Cortés Jiménez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó los esfuerzos del Gobierno Federal, a través de la Secretaría del ramo, por agotar las instancias diplomáticas para salvar la vida del mexicano pero, dijo fueron insuficientes.

Los legisladores coincidieron en que Angel Maturino tenía una discapacidad mental, y graves trastornos psicológicos, lo que debió haber sido un elemento a considerar durante su proceso penal “pero no recibió el apoyo legal necesario”.

Hasta mayo de 2006, según datos de la Organización de análisis e información en asuntos concernientes a la pena capital en Estados Unidos,Death Penalty Information Center, en los estados de California y Texas hay 52 ciudadanos mexicanos en la lista de condenados a muerte.