• Diputados promueven políticas para su reutilización y reciclaje

Es necesario establecer medidas que disminuyan los riesgos a la salud generados por el desecho inadecuado de pilas y baterías, e impulsar acciones para su recolección, reutilización y reciclaje, afirmó la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN), al presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud.

Explica que en los últimos 43 años en México han liberado al ambiente por lo menos 635 mil toneladas de pilas, las cuales representan aproximadamente 189 mil 382 toneladas de materiales tóxicos, casi el 30 por ciento del volumen total de residuos por pilas y baterías.

Estimaciones oficiales calculan que en los últimos siete años un promedio de 35 mil 500 toneladas anuales se produjeron en México y “existe la posibilidad de que en esta década llegue a niveles máximos de aporte de contaminantes contenidos en las pilas y baterías”.

En el documento, suscrito también por su compañero de bancada, José Ángel Córdova Villalobos, proponen agregar la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, para determinar que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promover acciones para el adecuado desecho, disposición, traslado y confinamiento de pilas y baterías.

Con esta reforma buscan implementar acciones para definir formas seguras de disposición final de pilas y baterías desechables, ya sea en basureros municipales o lugares especiales así como otras tecnologías de tratamiento; fomentar la inversión privada e informar a la sociedad los niveles de riesgo de cada tipo de pilas y baterías.

En la exposición de motivos, afirman que México no cuenta con un programa especializado ni con acciones suficientes para la recolección de pilas o baterías, aun cuando éstas representan uno de los mayores problemas en los residuos sólidos peligrosos domésticos.

De ahí la necesidad de reducir su ingreso al ambiente, a través de acciones que involucren a todos los sectores de la sociedad, propicien la reducción del consumo y manejo a niveles racionales, y fomenten el uso de baterías recargables.

Los legisladores aseguran que en México no existen políticas ni medidas adecuadas para la disposición final de estos materiales, los cuales son depositados en la basura, trasladados a rellenos sanitarios y, en algunos casos, incinerados.
Finalmente, consideraron que deben promover las autoridades el uso de tecnologías alternativas limpias y establecer mecanismos aduanales de control que impidan el ingreso de baterías de mala calidad o con niveles no aceptables de mercurio.