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Con el objetivo de que los pueblos indígenas en México sean reconocidos jurídicamente y se reivindique el carácter fundacional que tuvieron en la formación del Estado mexicano, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marbella Casanova Calam, propuso dos iniciativas de reformas a la Constitución.

La primera de ellas busca que el Estado otorgue su reconocimiento jurídico formal a los pueblos indios, a fin de que accedan al ejercicio pleno de los derechos derivados de esta condición, y así evitar que sus garantías individuales estén subordinadas a interpretación o a factores meramente circunstanciales.

En su exposición de motivos, la legisladora explica que aprobar su iniciativa, para adicionar un párrafo al artículo segundo de la Constitución mexicana, implica un avance legal en el reconocimiento de esos derechos en diversos ámbitos, y la restitución de su auténtica dimensión política y social, así como el replanteamiento en la ley de la diversidad cultural.

La iniciativa considera que la reforma constitucional que permitió la creación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, aprobada en el año 2001, fue insuficiente pues sólo reconoció de manera parcial algunos derechos de las etnias en México.

La segunda propuesta de reforma --también al artículo segundo de la Carta Magna-- busca establecer que: “La nación mexicana es plural, se integra por los pueblos que le dieron origen y se funda por su voluntad”.

Este proyecto de modificaciones incluye un cambio al artículo 73 constitucional, fracción XXIX, que pretende otorgar al Congreso de la Unión la facultad para “expedir leyes en materia de derechos colectivos e individuales de los pueblos indios”.

Casanova Calam argumenta que si los mexicanos aspiramos a un Estado moderno, los derechos colectivos e individuales de los pueblos indios deben formar parte “articulada y armónica del orden jurídico”, como un elemento imprescindible.

En casi dos siglos de vida independiente, agrega la legisladora del PRD, los gobiernos de México han negado la pluralidad cultural, étnica, lingüística y social que deriva de los pueblos indígenas. Situación que ha llevado, asegura, a una negación de sus derechos fundamentales.

Recuerda que, a diferencia del ideal de igualdad en los Estados europeos, el Estado mexicano fue resultado del esfuerzo, el compromiso y la entrega de una amplia diversidad de naciones, sumadas al mestizaje; lo que produjo una nación plural y diversa.

Por otra parte, una tercera iniciativa de la diputada federal propone cambios a los artículos segundo y séptimo de la Ley General de Educación, a fin de que los pueblos indígenas tengan acceso a la educación básica obligatoria en su propia lengua; y además tengan la posibilidad de aprender una segunda lengua.

Casanova Calam consideró en su propuesta que el Estado debe sentar las bases para que el sistema educativo sea capaz de incorporar, en condiciones de igualdad de derechos, a todos los hablantes de lenguas nacionales, como denomina en el documento a los dialectos.

Argumenta además que las leyes tampoco reconocen el derecho de los hablantes de español a aprender un dialecto, lo que permitiría una comprensión más amplia entre los pueblos de México, una relación simétrica, y ayudaría a combatir la discriminación o la subordinación lingüística.

Los hablantes de lenguas indígenas no cuentan con las mismas posibilidades de acceder a la educación en los términos del artículo tercero constitucional, y se les impone la obligación de asimilarse a los hablantes del idioma español como requisito indispensable para beneficiarse de los servicios educativos que ofrece el Estado, advierte la diputada perredista.

Insistió en que esta diferencia cultural es un factor de “diferenciación social” que repercute en la formación del individuo e incluso tiene repercusiones económicas, en el proceso de inserción en la sociedad de nuestro país. Todo ello, expone, deriva en actos de discriminación.