• La LX Legislatura deberá continuar con las gestiones en pro de los derechos de los pueblos indios

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Javier Manzano Salazar, (PRD), aseguró que la aprobación del proyecto de Declaración de los Derechos Indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –en su sesión del 29 de junio pasado-- representó un primer paso para reabrir el debate en México sobre una nueva reforma constitucional en la materia.

La actual preocupación de la Comisión es que el documento que reconoce derechos específicos como el de la autonomía de las etnias y de su derecho a acceder a los recursos naturales, sea impulsado por el Gobierno de México y se apruebe en la Asamblea General en septiembre próximo, apuntó.

El diputado hizo una atenta y respetuosa invitación al Gobierno de México para que empuje fuerte en el pleno de la Asamblea General este documento para que, a su vez, el Legislativo pueda impulsarlo en el derecho interno.

Aseguró que lo más urgente es convocar a los Grupos Parlamentarios, que asumirán sus funciones a partir del 1 de septiembre, a dejar de lado intereses partidistas y adoptar un compromiso serio con los pueblos indígenas para que esta resolución de la ONU no se convierta en letra muerta.

El Presidente de la Comisión subrayó que esta Declaración no debe ser sólo “un catálogo de buenos propósitos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas donde vimos muy poco interés del Gobierno mexicano de retomar sus principios”, sino un instrumento jurídico vigente en respaldo a la autonomía y el bienestar de las comunidad en indígenas de nuestro país.

Con el apoyo a la Declaración, afirmó, se tendría la autoridad moral suficiente para reabrir el debate inconcluso sobre la reforma constitucional de 2001 que no representó cambios de fondo a favor de los intereses indígenas, fue rechazada por la mayoría de las organizaciones que los representan, y a la fecha ha suscitado más de 330 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hizo votos porque con iniciativas como ésta, que lleva más de 22 años en negociación en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, se reabra el debate en México sobre temas que podrían ser objeto de una nueva reforma constitucional, tales como la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta, el respeto a las tradiciones, y en general, las garantías para evitar la discriminación, la violencia y el despojo contra estas comunidades.

Estos temas, aseguró, tendrán que surgir como resultado de la eventual aprobación en la Asamblea General de la Declaración cuyo artículo 38 obliga a adoptar medidas legislativas para alcanzar estos y otros fines a favor de ampliar los derechos indígenas.