• Exhorta diputada al Ejecutivo a dinamizar trámites

La diputada Laura Elena Martínez Rivera (PRI) exhortó al Ejecutivo Federal a que establezca el mejor mecanismo para pagar a los trabajadores migrantes mexicanos del Programa Bracero 1942-1964, que han cumplido con los requisitos y aparecen en las listas de registro.

Señaló que la Secretaría de Gobernación debe agilizar los pagos “que significan muchos años de espera de miles de mexicanos para recibir aunque sea una pequeña cantidad de dinero, indispensable por sus condiciones de marginación y de ancianidad”.

Destaca que son muchas las trabas burocráticas con las que se ha evadido el cumplimiento del mandato del Legislativo; además de la apatía e indiferencia de los servidores públicos, quienes han complicado el pago y dejado sin este beneficio a muchos mexicanos.

Por ello, consideró que es de justicia, aunque sea tardía, implementar urgentemente este pago, ya que varios beneficiarios se encuentran en condiciones precarias de salud.

A las demandas de los ex-braceros que viven en nuestro país, se suman las de ex-braceros que residen fuera para que también se les pague, en virtud de la imposibilidad para trasladarse a México, ya que aparecen en las listas del registro.

“Si ya de por sí, los que residen aquí tienen grandes dificultades, habremos de imaginar los que por edad y lejanía no pueden ejercer este derecho”, advirtió Martínez Rivera.

Por otra parte, señaló: “hay quejas en muchos estados dirigidas especialmente a la Secretaría de Gobernación, responsable de la aplicación del Fideicomiso, quien ha dado respuestas vagas y confusas para los ancianos beneficiarios”.

Recordó que el Congreso aprobó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos del Programa Bracero 1942-1964, con lo cual se esperaba el pago de manera ágil y expedita, sin embargo esto no ha sucedido, calificó la legisladora.

La legisladora explicó que la Cámara de Diputados ha aprobado diversos mecanismos para facilitar y agilizar el pago a estas personas –en gran parte mayores de 80 años— como la extensión del término para el registro y una reforma para permitir el registro bajo ciertos requisitos a quienes hubiesen extraviado sus documentos. “Hemos cumplido nuestra responsabilidad, no así el Gobierno Federal que obstaculiza y detiene los pagos”.