• Asegura que la dependencia ha recibido más de 7 mil denuncias por el incumplimiento en el pago del fideicomiso minero

La Comisión Especial que investiga la problemática minera se reunió este jueves con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien hizo entrega de información para ampliar el dictamen final del órgano legislativo, en relación a los temas del fideicomiso, la siderúrgica Lázaro Cárdenas y la mina Pasta de Conchos.
En la reunión de trabajo, el funcionario aseguró que el conflicto minero no es más que un foco rojo dentro de un marco laboral sumamente aceptable.

Explicó que la industria minera ha enfrentado dificultades adicionales derivadas del comportamiento de un ex dirigente que “utilizando la representación que ostentaba llevó las relaciones con la empresa al plano de la tensión extrema, de forma tal que en un plazo de cinco años estallaron 38 huelgas y hubo 114 paros”.

Los diputados Ricardo Rodríguez Rocha (PRI), Agustín Rodríguez (PRD) y Jesús González Schmal (Convergencia) cuestionaron al funcionario sobre la legalidad en la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo respecto del dirigente Elías Morales.

Además señalaron que la dependencia tiene la obligación de comprobar la autenticidad de las firmas de los trabajadores que avalaron la designación y, por tanto, el desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general.

Salazar Sáenz afirmó a los legisladores que la Secretaría a su cargo no incurrió en ninguna ilegalidad al tomar nota del nombramiento de Elías Morales como nuevo dirigente del sindicato.

Sostuvo que las firmas son auténticas, por lo que, de ser necesario, estaría dispuesto a ir a los tribunales. “Puedo afirmar que la Secretaría del Trabajo no se equivocó al reconocer al nuevo secretario general del sindicato minero”.

Explicó que en la legislación vigente se establece que ante una solicitud como la del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato para desconocer a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente, la STPS simplemente tomó nota.

“Esa es nuestra responsabilidad y los convenios internacionales que México ha suscrito nos prohíben cancelar una decisión del sindicato por la vía administrativa, por lo que estábamos obligados a darle curso a esa decisión”, subrayó.

Más adelante, el diputado Jesús González Schmal reprobó que la STPS asumiera el compromiso de indagar el destino de los 55 millones de dólares correspondientes al fideicomiso de liquidación “cuando esa es una tarea de la Procuraduría General de la República (PGR)”.
En ese contexto, respondió Francisco Salazar Sáenz, la dependencia no está reemplazando a la PGR, sino que atiende una demanda de los propios trabajadores, “porque Gómez Urrutia tuvo un manejo poco claro de los recursos del fideicomiso que se constituyó como producto de la desincorporación de las empresas mineras”.

Añadió que la inconformidad de los trabajadores frente a tal hecho se manifestó de manera creciente y, en junio del 2005, se presentaron 790 demandas laborales, para enero del presente año varios trabajadores presentaron la demanda penal y para el mes siguiente el número creció hasta alcanzar más de 5 mil inconformes.

Destacó que en total esa dependencia ha recibido más de 7 mil denuncias en contra del depuesto secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana por incumplimiento en el pago de dicho fideicomiso.

Respecto a la problemática de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, el secretario del Trabajo indicó que en la intervención de la fuerza pública la dependencia no tuvo participación alguna y lo que hizo fue estar muy atenta a los acontecimientos, al tiempo que manifestó su preocupación porque la planta permanece cerrada, lo que afecta la economía regional y el sustento de cientos de familias.

Finalmente, el funcionario dijo que la Secretaría del Trabajo se pronuncia “enfáticamente por el respeto absoluto a la autonomía de los sindicatos, toda vez que su función consiste en coadyuvar a que los trabajadores tengan las mejores condiciones de libertad para decidir entre las opciones que se presenten.

Francisco Salazar Sáenz propuso a la Comisión que preside el diputado del PAN, Tomás Trueba Gracián, reunirse nuevamente el próximo 21 de julio, planteamiento que, a decir del legislador panista, sería discutido en el pleno de ese órgano colegiado.