• La deuda de México es con sus mujeres, porque el mayor número de crímenes se esconden en la impunidad: Marcela Lagarde y de los Ríos

• Margarita Chávez Murguía, secretaria de la Mesa Directiva, resaltó que la violencia hacia las mujeres es una de las mayores atrocidades de nuestro tiempo

• Debemos trabajar por remover la misoginia y la cultura dominante: Pablo Gómez Álvarez

La justicia en México tiene una enorme deuda con las mujeres, ya que la mayor parte de los crímenes contra ellas están en la impunidad, por lo que se requiere una política nacional en la que participen todos los poderes y los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior fue señalado por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD), presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, en el seminario internacional sobre violencia feminicida Puente al futuro y 4ª reunión de diálogo internacional parlamentario, promovida por legisladores de tres países: México, Guatemala y España.

La legisladora señaló que en México cada seis horas una niña o una mujer es asesinada, pero a pesar de ello las instituciones no acaban de entender que es un delito que debe ser tratado con estrategias especiales.

Por ello, aseveró que es obligación del Estado enfrentar el fenómeno feminicida como uno de los más graves problemas nacionales, cuya resolución debe plantearse en el tránsito a la democracia, entendida como un concepto político moderno, abarcador, social, en el que haya ciudadanía, derechos humanos y autoridades capaces de comprometerse con la seguridad y la vida de las mujeres.

En representación del diputado Álvaro Elías Loredo, presidente de la Cámara de Diputados, la legisladora Margarita Chávez Murguía (PAN), secretaria de la Mesa Directiva, resaltó que la violencia hacia las mujeres es una de las mayores atrocidades de nuestro tiempo; “no conoce límites geográficos, culturales, nacionales, sociales ni económicos”.

Alrededor del mundo, dijo, desde que nacen hasta que mueren, ya sea en tiempos de paz o de guerra, muchas mujeres son víctimas de discriminación y violencia sistematizada por parte de sus parejas, familias y comunidades por el simple hecho de ser del sexo femenino.

“Por desgracia, la mayoría de estos actos no son investigados, los responsables no son procesados y cometen abusos con impunidad, lo que contribuye a crear un ambiente en el cual la mujer llega a considerar estas agresiones como algo normal o cotidiano, y no lo denuncian porque saben que no conseguirán la justicia que buscan”, sentenció Chávez Murguía.
Explicó que en el ámbito familiar la violencia de género es considerada de carácter privado y, bajo ese argumento, rara vez las autoridades lo castigan como delito; en el espacio público se les culpa de la violencia que sufren porque es más fácil depositar la responsabilidad en las propias víctimas.

Por ello, afirmó que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus mujeres y niñas de la violencia. “Si un Estado evita, obstruye, impide las investigaciones y se niega a castigar a los responsables, se vuelve cómplice de los abusos”.

Chávez Murguía aseguró que son los legisladores quienes tienen el compromiso de crear las bases para que los derechos de todas las mujeres se respeten, mediante una infraestructura adecuada para que las leyes, políticas y prácticas que se llevan a cabo logren prevenir abusos, eliminar la violencia y castigar severamente a los autores de los crímenes.

De ahí la importancia de compartir esfuerzos con otros países para contar con instrumentos jurídicos eficaces que permitan evitar que el maltrato y las agresiones continúen, concluyó la legisladora.

Por su parte, el presidente de la junta de Coordinación Política, Pablo Gómez Álvarez (PRD) dijo que una de las más graves expresiones de discriminación contra la mujer es que son víctimas de una violencia específica, que es producto de la situación en la que ellas se encuentran ante la sociedad.

Debemos trabajar en una misma dirección y remover no solamente las expresiones más repudiables de todo este problema, como la misoginia, sino de una cultura dominante que debe ser criticada desde todos los ámbitos.

“Esta tarea no sólo es del Estado, sino también, de manera especial, de los medios de comunicación, los creadores de arte y expresiones culturales y de los educadores, porque harán mejor su labor en la medida en que todos, coordinadamente, logremos remover esos elementos culturales en los que se asienta una concepción discriminatoria y ofensiva hacia la mujer”.

La lucha contra la violencia no es un asunto secundario, puesto que se trata de importancia para la humanidad por lograr la emancipación y el reconocimiento pleno de sus derechos y una vida de igualdad en la sociedad, destacó Pablo Gómez.

La senadora Yolanda González Hernández (PRI) subrayó que la igualdad entre hombres y mujeres que marca la Constitución Política no corresponde a la realidad vivida y a la experiencia cotidiana de las millones de mujeres que conforman la mayoría de la población en este país, y esta brecha de género es la razón de múltiples formas de injusticia que se siguen padeciendo.

La situación de marginalidad y discriminación es preocupante en las zonas indígenas, ejemplo de ello es que el 40 por ciento de las mujeres a sus 15 años empiezan a tener responsabilidades, carecen de instrucción y en gran medida esto obedece a la discriminación y a la responsabilidad que asumen como parte de la tarea que tiene de sacar adelante a su familia, añadió.

El informe de la comisión denominada Violencia Femenicida en 10 entidades de la República Mexicana, señala que hay impunidad en la mayoría de los crímenes cometidos en contra de niñas y mujeres, más de seis mil en seis años, de 1999 a 2005.

Advierte que “ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la impunidad, son identificados como un grave problema nacional, tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social”.

Plantea que los esfuerzos gubernamentales no han logrado su fin porque la violencia contra las mujeres necesita ser abordada con un enfoque integral diseñado a partir de una política nacional en la que participen los poderes y los tres órdenes de gobierno.

La investigación que llevó a cabo la comisión, a partir de abril de 2005, comprobó que en todas las entidades de la República se presentaron alarmantes expresiones de violencia de género contra las mujeres y aun los gobiernos que reconocen la necesidad de enfrentarla están rebasados.

“Las acciones son débiles y no abarcan el conjunto del gobierno federal, estatal o municipal; sólo están dirigidos de manera parcial y con baja incidencia a atender casos de violencia familiar y hay acciones incipientes y desarticuladas en la capacitación de algunas autoridades”, se precisa.

La comisión concluyó que las mujeres asesinadas pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres o marginales; el abanico abarca analfabetas, con estudios básicos, otras eran estudiantes, técnicas, universitarias, postgraduadas y con excelencia académica.