La Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana dará a conocer al Presidente de la República Vicente Fox Quesada, su informe sobre violencia feminicida, el cual señala que fueron asesinadas seis mil niñas y mujeres en el país de 1999 al 2005.

Así lo informó la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de esa comisión, durante la clausura del seminario internacional sobre violencia feminicida Puente al futuro y 4ª reunión de diálogo internacional parlamentario, promovida por legisladores de tres países: México, Guatemala y España, donde dio a conocer los resultados de la investigación sobre la situación de los feminicidios en el país.

Añadió que en la reunión con el Jefe del Ejecutivo le hablarán también sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que aprobaron el 26 de abril de 2006, cuya minuta fue turnada al Senado de la República, así como de las reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, para tipificar el feminicidio como delito de lesa humanidad.

El informe de la Comisión destaca que cada día hay cuatro feminicidios en México; más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas entre 1999 y 2005; sólo en 2004 hubo mil 205 asesinatos; según información del INEGI.

Señala qué la violencia feminicida se expresa de diversas formas dependiendo de las condiciones sociales de vida de las mujeres. Las víctimas pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres o marginales; el abanico abarca analfabetas, con estudios básicos, técnicos, universitarios, postgraduadas y con excelencia académica.

Los datos aportados por las investigaciones estatales permiten saber que algunos de los casos de violencia contra las mujeres están relacionados de manera estrecha con el crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, redes de pornografía, pornografía infantil; la mayoría están vinculados a causas culturales y estructurales: violencia familiar, en el trabajo o en las escuelas.

Los resultados dejan claro que la violencia feminicida es perpetrada en entidades federativas con distintos grados y tipos de desarrollo, así como diferente encuadre social y cultural. Algunos de estos hechos obedecen a motivaciones políticas, delincuencia común, organizada y otras más se dan en la vida doméstica y cotidiana de las mujeres.

En esta diversidad, son asesinadas mayoritariamente niñas y mujeres que viven en condiciones de gran inseguridad, vulnerabilidad vital y nula protección social, en zonas de devastación donde predominan el delito, una convivencia marcada por la ilegalidad, los poderes fácticos y la ruptura del estado de derecho.

Advierte que la violencia feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, garantía, tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política para impulsar el desarrollo social de las mujeres; “se concreta en la debilidad de las parciales, incipientes y débiles acciones”.

Subraya que hay impunidad en la mayoría de los crímenes cometidos. “Las mujeres víctimas de delitos, reciben un trato discriminatorio misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que contribuye a la impunidad”.

Los integrantes de la comisión señalan que hacen falta estudios desde una perspectiva feminista que muestren las dimensiones de la violencia en el país. Para ello es necesario contar con información detallada, por grupos de edad, sobre todas las formas de violencia de que son objeto las mujeres.

Posteriormente, se inauguró la exposición Geografía de la Violencia Feminicida, con el fin de mostrar gráficamente la situación espacial y temporal de éste fenómeno en el país.

La Geografía de la violencia feminicida surgió de las investigaciones realizadas por la comisión sobre los homicidios cometidos contra las mujeres. Este diagnóstico pretende mostrar un panorama amplio de las formas en que se manifiesta este fenómeno.

Las entidades estudiadas son: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Veracruz.

Los mapas se realizaron con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y de las Procuradurías Generales de Justicia estatales.