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Diputados del PAN y especialistas consideraron que es necesario reformar la Ley General de Desarrollo Social, a fin acabar con la incertidumbre que provoca el destino del gasto público para hacer frente a la pobreza extrema, debido a que estos recursos en ocasiones no llegan a las entidades más necesitadas.

En el debate que se difunde en el programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”, legisladores y especialistas abordaron este tema que surgió al realizar un balance sobre los trabajos de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados a lo largo de la LIX Legislatura.

Aseguraron que la Ley no define lo que es gasto social, además de que no establece los mecanismos del financiamiento para poner en marcha “candados” a la aplicación de recursos en esta área.

Afirmaron que las modificaciones están enfocadas a fortalecer la transparencia sobre el uso y destino de los montos públicos federales, con el propósito de darle a la gente cuentas claras de lo que se hace en materia social y que realmente se está ejerciendo el gasto en el combate a la pobreza.

Reconocieron que si bien en la citada Ley existen lagunas, hay un gran avance en programas de atención, los cuales son paliativos, que de alguna manera ayudan a aminorar el impacto de la pobreza.

El diputado Armando Rangel Hernández (PAN) dijo que se requiere corregir algunos elementos en la Ley, que están generando desigualdad entre la población. Asimismo, se pronunció por una mejor distribución del gasto público, pues explicó que en el año 2000 según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en uno de sus informes reportó que el 20 por ciento de la población más rica recibía el 20 por ciento del gasto social, lo que calificó de preocupante, pues “debería estar dedicado a los más pobres”.

Señaló que la Ley ha sufrido cambios a fin de fortalecer tanto la transparencia como el blindaje de los propios programas. “Se desarrollaron mecanismos de sanción posterior a la aplicación de la norma y se establecieron, en el propio presupuesto leyendas que fortalecen los programas para que éstos no sean utilizados con fines electorales”, agregó.

Por su parte, la asesora del grupo parlamentario del PRD, Gabriela Barajas, dijo que su partido propuso una inactiva para la penalización del uso de los padrones electorales, pero desafortunadamente las modificaciones que se establecían al Código Federal de Procedimientos Penales quedaron pendientes en esta legislatura.

Explicó que según el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, los programas en materia social sólo atenderán a los grupos y personas identificadas en situación de extrema pobreza.

“Ahí está una muestra clara de que lleva al extremo la idea de que la política de desarrollo social solamente atenderá a la población en pobreza extrema, cuando claramente la intención de la legislación es generar a los pobres una serie de factores básicos”, explicó.

Consideró que la pobreza no se combate con una ley, ni con programas sociales, sino con empleos y salarios dignos. “Esa es la única manera real y efectiva de enfrentarla”, añadió.

En su oportunidad, el asesor del grupo parlamentario de Convergencia, Alfonso Rojas, dijo que el Gobierno Federal y diferentes legislaturas no han logrado apuntalar el índice de desarrollo humano. “Si bien es cierto que los logros han sido loables, hay carencias, debemos apuntar hacia esas cuestiones”.

Indicó que existe una gama muy diversa de programas sociales a los cuales se les “inyecta” dinero, pero afirmó que es necesario que dichos programas impacten en la población, de tal manera que el ciudadano cuente con las herramientas para superar el rango de pobreza extrema.

Finalmente, diputados y especialistas pidieron a la LX Legislatura y al próximo gobierno continuar impulsado, fortaleciendo y renovando los programas sociales en beneficio de los más pobres.