• Con la reforma México avanzará en la protección de los derechos humanos de indocumentados

Con el fin de despenalizar la acción migratoria en las fronteras de México, los diputados federales José Antonio de la Vega Asmitia, Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García (PAN) presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Población.

La iniciativa busca imponer solamente sanciones administrativas a quienes se internen al territorio nacional sin el permiso correspondiente, así como a los extranjeros que incumplan o violen las disposiciones a las que se condicionó su estancia.

Según sus promoventes, la actual Ley General de Población, promulgada en 1974 bajo la administración del Presidente Luis Echeverría, considera en los artículos 118 a 123 a la inmigración como delito que amerita la privación de la libertad.

Esto resulta contradictorio con lo que México ha venido objetando frente a las autoridades de los Estados Unidos ante las políticas migratorias que el vecino país del Norte aplica a nuestros connacionales. “Entre lo que hoy exigimos afuera y ofrecemos adentro hay una contradicción”.

Los legisladores recordaron que el detonante de las recientes protestas y movilizaciones hispanas en los Estados Unidos ha sido la discusión de la llamada “Ley Sensenbrenner” que criminaliza la migración y obstaculiza la ayuda que grupos religiosos, empleadores y diversas organizaciones ofrecen a los migrantes indocumentados.

Los legisladores expusieron que dicha exigencia debe estar acompañada de compromisos concretos para garantizar a los migrantes que cruzan la frontera mexicana, un trato digno y respetuoso de los derechos humanos, dentro del territorio nacional.

“Nuestra situación geográfica nos coloca como territorio de paso para los flujos migratorios, lo que ha registrado un importante aumento de cruces ilegales y de deportaciones que se realizan en nuestra frontera sur”, resaltaron.

Aunque reconocieron que la acción penal por violar disposiciones migratorias raramente se ejecuta, por la intensidad del flujo migratorio, es necesario eliminar las disposiciones que le dan origen manteniendo penalizadas exclusivamente las conductas que pueden implicar un peligro a la seguridad nacional.
En ese sentido la propuesta, turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, establece la imposición de multas que van de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente a quien se encuentre bajo esos supuestos.

Adicionalmente, reduce las penas impuestas a ciertas conductas que estimaron excesivas, en los casos en que los extranjeros violaran los supuestos de su estancia en el país o a quien dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta a la que la Secretaría de Gobernación le otorgó.

Estas reformas eliminarían la disposición que establece como plazo máximo de arresto hasta tres días para los extranjeros, toda vez que nuestra Carta Magna estipula un plazo máximo de 36 horas en cualquier caso.

El fenómeno migratorio, establece la iniciativa, representa uno de los principales retos que enfrentan las naciones y parte toral de ese reto se ubica en entender la migración como una fuente de beneficios mutuos, y no como el origen de conflictos, abusos e ilegalidad.

Este esfuerzo legislativo se enmarca en el contexto del compromiso asumido por legisladores de todos los partidos políticos que promovieron el documento “México ante el fenómeno migratorio”, donde se prometió evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado Mexicano, así como su marco legal y normativo ante las nuevas realidades regionales e internacionales en la materia.