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La Comisión Especial de Femenicidios de la Cámara de Diputados comprobó que en siete entidades del país la ley protege al agresor a costa de la víctima, al considerar la emoción violenta como atenuante en los delitos de lesiones y homicidio.

A casi mes y medio de que concluya la presente Legislatura, la citada comisión, que preside la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, emitió un informe en el que señala que en varios estados las instituciones son rebasadas por lo anacrónico de la ley y sus procedimientos de aplicación.

En este sentido, informó que en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y Chiapas, los códigos penales consideran como atenuante la emoción violenta cuando los delitos son cometidos por parientes o cónyuges.

Los resultados de la investigación incluidos en el documento denominado “Violencia Feminicida en diez entidades de la República Mexicana” destacan que hay estados en los que la legislación incluye al matrimonio como cese de la acción penal para el delito de estupro.

En Veracruz y Sonora se requiere que la mujer viva honestamente para que la acusación por estupro proceda.

El documento incluyó los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Veracruz.

Precisa que varios códigos y normas establecen que la honorabilidad de las mujeres es requisito para la conformación del delito.

El documento advierte que en los casos de violencia contra las mujeres que subvierten el orden social, legal o moral, se disminuye la responsabilidad del victimario y se señala culpable a la víctima. En este sentido, además de creencias, prejuicios e ideologías, está la ley, subraya.

La investigación enfatiza que se extiende la creencia de que quienes violentan a las mujeres son enfermos mentales, psicóticos, alcohólicos, satánicos y quienes lo hacen en menor saña son justificados por ser sólo celosos, malhumorados, decepcionados o traicionados por ellas. En tales casos, la violencia es sólo el castigo al mal proceder”.

Un dato que destaca en prácticamente todas las leyes estatales sobre asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar es la existencia de figuras tales como la conciliación y la mediación. La comisión considera necesario eliminarlas, ya que sólo son viables entre personas que ostentan poder y capacidad de decisión en igualdad.

Dichos procedimientos, de acuerdo con la comisión, ponen en grave peligro a un gran número de mujeres al privilegiar la unión familiar sobre su protección y salvaguarda.

La investigación confirma que los feminicidios son un grave problema nacional y evidencian la ruptura del Estado de derecho.

“Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades. En diversas entidades de la República, a pesar de ello, los gobiernos federal, estatal y municipal no han diseñado una política integral para enfrentarlos y abatir la impunidad que los caracteriza”.

Indica que violencia de género va más allá del contexto doméstico y de pareja, y que se reproduce por la impunidad de estos delitos, solapada por la débil respuesta del Estado.

La comisión plantea que los esfuerzos gubernamentales no han logrado su fin, lo que hace necesario un enfoque integral diseñado a partir de una política nacional en la que participen los tres poderes y órdenes de gobierno.